Un paro laboral general es costoso, no sólo porque reduce la producción y deteriora la imagen del país, sino porque, con nuestras normas y prácticas, siempre hay grupos que fuerzan conductas legítimas sea informando o exhibiendo herramientas fuera de su ámbito. Además, en el caso actual la huelga trata de frenar el acercamiento de la normativa laboral española a las pautas que rigen en la UE.
La nueva legislación facilita la contratación, entre otras cosas porque en caso de caída de ingresos o ventas durante nueve meses consecutivos el despido será más fácil y barato. Esto se presenta como una reducción de empleo, cuando lo que realmente frena la contratación es el riesgo de tener que despedir pagando cantidades muy por encima de la media de la UE, precisamente en plena caída de ingresos, con lo que se consigue perder empleos y empresas.
En los últimos tres años, el número de procesos concursales fue de 5.096 en 2009, de 4.855 en 2010, y de 6.755 en 2011. En estos casos, la inmensa mayor parte de las empresas no fue capaz de recuperarse y los trabajadores cobraron de FOGASA, poco y tarde. Sin embargo, se insiste en que la nueva ley abarata el despido, cuando lo que busca la norma es el mantenimiento activo de las empresas, sin lo cual no hay empleo actual ni futuro.
Otras alegaciones de los convocantes cuestionan que se elimine la autorización de la Dirección General de Trabajo para ERE, despidos y reducción de la jornada. En realidad, la añoranza de la autarquía, con sus interventores sindicales, es un freno a la atracción de empresas extranjeras y un estímulo a la deslocalización de las nacionales.
La posibilidad de tener convenio propio evita la dependencia de circunstancias incontrolables y eso mismo también se favorece cuando las pautas del trabajo se ajustan a las características de cada empresa, de sus actividades y clientes. Las empresas contratan para producir, crecer y prosperar. Un despido injustificado genera malestar en la plantilla, con lo que la calidad de la producción y las relaciones internas se degradan e inciden negativamente en la relación con los clientes.
A renglón seguido, el consejo de administración exige explicaciones, de modo que las decisiones arbitrarias o mal fundamentadas acaban siendo penalizadas. Esta pauta es disuasoria y está en línea con el reconocimiento de las aportaciones de diverso tipo que pueden hacer todos los trabajadores, quienes dejan de colaborar desde el momento en que son tratados de forma inadecuada.
Los cambios adicionales, como la supervisión del absentismo injustificado, tratan de evitar abusos, porque quienes lo hacen perjudican a los compañeros, a la empresa, a los clientes, a los profesionales de la sanidad que pierden el tiempo con cuentistas y tienen menos horas para atender a los demás ciudadanos, los realmente enfermos.
La negociación de estos asuntos, que según se alega justifican la huelga, tiene una larga trayectoria que siempre ha perseguido frenar el acercamiento de las leyes y prácticas españolas a las de la UE. Tras la última norma, queda mucho más por hacer, desde el papel asignado a los liberados, que ejercen incluso en las Administraciones Públicas, hasta la propia ley de huelga, que debería asegurar unos servicios mínimos que nunca se han cumplido.
Se inicia la cuenta atrás para la huelga