Rajoy debe intervenir los bancos zombi para reactivar el crédito ya y cortar las subvenciones a centrales sindicales.
El déficit del 8 por ciento que descubrió Mariano Rajoy nada más llegar al Gobierno lleva camino de convertirse en una pesadilla. Esta semana la prensa anglosajona, que ya nos tiene acostumbrados a sus ataques indiscriminados, en concreto la agencia Reuters, aseguraba que el déficit público español podía estar inflado para mejorar sus cifras del año siguiente. Algo falso por completo, ya que Eurostat, la oficina de estadística europea, ni siquiera ha tenido acceso a los datos oficiales españoles, que se harán públicos a comienzos de abril.
El Gobierno lo desmintió y señaló que la Unión Europea también lo haría. Pero se encontró con que el comisario de Economía, Olli Rehn, aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para exigir a Rajoy que haga los ajustes antes de los comicios andaluces de marzo y para ratificar que el recorte del déficit tendrá que ser hasta el 4,4 por ciento. Un enorme jarro de agua fría, que desvanece la esperanza de que éste se quede en el 5,4 por ciento, como sugiere el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Moncloa espera los datos sobre perspectivas de crecimiento para la eurozona, que se publicarán el jueves próximo, para incrementar la presión sobre Bruselas. Tanto Rajoy como su ministro de Economía, Luis de Guindos, intentarán evitar a toda costa el mayor recorte de la historia, 40.000 millones, que amenaza con provocar una fuerte depresión de la economía en el segundo trimestre. Paradójicamente la reforma financiera promovida por Guindos provocará una potente contracción del crédito, que según el Banco de España, ronda el 6 por ciento y agravará la situación.
Las provisiones de alrededor de 52.000 millones exigidas a la banca creará varias entidades zombi, cuyo final previsibles será su intervención. Aparte de las cuatro entidades nacionalizadas (CatalunyaCaixa, Caixa Galicia, Banco de Valencia y Unnim) existen crecientes sospechas de que varias más incumplirán los requisitos, pese a que afirman lo contrario. Ello las conducirá inevitablemente a la quiebra en el plazo de un año, porque nadie aspira a comprarlas o fusionarse con ellas sin ayudas públicas.
El Fondo de Rescate Bancario (Frob) tendrá que emitir deuda para nacionalizarlas. Sobre el papel el plan cuadra, ya que en doce meses España estará en mejores condiciones que hoy para abordar esta aventura. Lo malo es que hasta entonces, miles de pequeñas empresas se quedarán en el camino.
El otro gran asunto es la reforma laboral. Su objetivo es crear empleo a través de mayor flexibilidad para la empresa, que ahora podrá recurrir a múltiples fórmulas como rebajar los salarios, reducir los horarios, etc. Pero el empeoramiento de las condiciones económicas a corto plazo hará inevitable que éstas sigan aligerando su plantilla, incluso a ritmos mayores que en el pasado.
Los recortes públicos restringirán inevitablemente la actividad. Conocedores de esta circunstancia, los sindicatos dirigidos por Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, urdieron un plan diabólico. Se sentarán a esperar a que la situación empeore para convocar la huelga general. La estampa que ellos prevén es que después de una primavera horrorosa venga un otoño caliente lleno de protestas y de movilizaciones sociales. Quieren ver pasar el cadáver político de Rajoy delante de su narices.
Las dos grandes centrales sindicales no le perdonan que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, haya suprimido de un plumazo el goloso negocio que logran de los ERE o la merma de su poder en los convenios colectivos, en los que se da prioridad a la empresa sobre el resto, y menos aún que les cierre el paso a la representatividad en las pequeñas empresas.
El Gobierno debe tomar cartas en el asunto cuanto antes. En vez de exigir transparencia sobre sus cuentas, como hizo ayer la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, debe suprimir las subvenciones públicas, tanto estatales como autonómicas, que se da a los sindicatos. Sólo cuando vivan de las cuotas de sus afiliados aprenderán a gestionarse con austeridad.
Es imperdonable que a la par que Rajoy anuncie un recorte de miles de millones para todos los ciudadanos, se aprueben alrededor de quinientos millones anuales en subvenciones a los agentes sociales.
El Ejecutivo debería, además, intervenir cuanto antes los bancos contaminados o avalar su deuda inmobiliaria para sanearlos con objeto de permitir que vuelvan a dar crédito y evitar el deterioro de la situación económica. Esperar a que Europa nos rebaje el objetivo de déficit es como comprar números de la lotería, que quizá no toque. El tiempo corre en su contra.
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