Se habla de aliviar la restricción fiscal para evitar la recaída, cuando hay espacio en el flanco monetario y financiero.
La demanda de petróleo cae por primera vez desde 2008, mientras que el precio sigue subiendo por causas más geoestratégicas que económicas. Alemania reduce su estimación de crecimiento una vez más, al 0,7 por ciento para 2013 después de que en octubre ya lo bajaran al 1 por ciento, alegando un renqueante escenario europeo. Las primeras previsiones del FMI para España, que serán sin duda revisadas un poco al alza, pintan un negro panorama de recesión durante dos años y una tasa de paro que no dejará de crecer. La institución reconoce que necesita ?500.000 millones más para poder enfrentar con garantía suficiente las necesidades de financiación que se derivan de la crisis europea. Se multiplican las voces que aseguran que el mundo vivirá este año su momento económico más difícil desde la crisis de 2008.
En un concierto perfectamente previsible, surgen voces cada vez más cercanas a los responsables económicos exigiendo políticas expansivas. Ya no sólo son los líderes europeos en la oposición quienes piden medidas que estimulen el crecimiento. Aún nadie se ha atrevido en España, pero pronto, seguro que cuando empiece formalmente la campaña andaluza, oiremos exigir que se abandone la suicida austeridad, que se retrase la meta del 3 por ciento de déficit, que se renegocie con Merkel y se le haga ver que su obstinación nos empuja a todos a la recesión. La propia canciller se ha visto obligada a hacer un guiño a su inseparable Sarkozy y anuncia un nuevo plan de estabilidad y crecimiento cuyo propio nombre ya de por sí evoca la inútil regla fiscal de la Unión Monetaria, cuyo incumplimiento sistemático está en el origen de muchos de nuestros males actuales. Un guiño que por ahora se limita a insistir en los efectos beneficiosos de la flexibilidad laboral para incrementar el potencial de crecimiento europeo y en la movilización temprana de los fondos de cohesión ya comprometidos en el Presupuesto de la Unión.
No hay un Plan Marshall, ni lo puede haber, porque el contribuyente europeo no está por la labor y el problema de fondo es de excesivo endeudamiento. Los problemas estructurales no se solucionan ni con más gasto público ni con una política fiscal expansiva.
La consultora McKinsey acaba de publicar un oportuno informe, Working out of debt, que nos recuerda que los procesos de desapalancamiento son siempre largos y dolorosos -así lo fueron en los casos de éxito de Corea, Suecia y Finlandia, por ejemplo- y que aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, los niveles de endeudamiento público en los países desarrollados han aumentado en los dos últimos años en los diez países más desarrollados, y sólo el sector privado, y notablemente el norteamericano, puede considerar al ajuste prácticamente terminado. La experiencia histórica nos dice que en episodios similares, el ratio deuda pública/PIB tiende a caer de media 37 puntos porcentuales. Que alguien de los que piden más gasto público me explique por qué piensa que esta vez es diferente, por utilizar el título del excelente libro de Reinhart y Rogoff. No hay ningún motivo para que lo sea, salvo nuestra comprensible tendencia a buscar un médico que nos dé siempre la razón y nos diga que no tenemos que ponernos a régimen.
Ahora bien, que no haya espacio para la expansión fiscal no quiere decir que la mezcla de política económica que de alguna manera define el consenso mundial del G-20 sea la adecuada. Creo que hay un énfasis excesivo e ingenuo no en la estabilidad financiera, que es esencial, sino en la manera concreta de interpretarla como la exigencia de más capital y más impuestos a la banca. Cierto que hace falta capital de más calidad, sean acciones en sentido estricto o capital contingente capaz de asumir pérdidas. Cierto también que el sector financiero está sobredimensionado, en el mundo y no sólo en España. Pero pensar que la próxima crisis se hace menos probable y menos onerosa para el contribuyente aumentando los requisitos de capital a niveles nunca vistos, restringiendo la actividad bancaria y evitando subsidios cruzados entre las distintas líneas de negocio o cobrando por adelantado el potencial coste futuro es un error.
Subir el capital disminuirá el ratio de apalancamiento. Pero hacerlo en paralelo a la consolidación fiscal que aún está por hacer sólo contribuirá a frenar el crédito privado a la vez que cae la demanda pública. Obligar a los bancos a separar actividades es como pedir a las empresas de gran consumo que dejen de subsidiar los nuevos lanzamientos, o la innovación de productos, con las ganancias de explotación de los productos maduros. Sólo redundará en pérdidas de eficiencia y calidad para el consumidor bancario, y en el estrechamiento del crédito para el sector real más innovador y, por tanto, más arriesgado. Por último, elevar los impuestos no mejorará ni los ratios de capital ni los de liquidez, sólo hará la industria menos rentable y, por tanto, menos atractiva para ese nuevo accionista cuyo dinero demandamos con urgencia. Eso sin considerar que el dinero es fungible y la recaudación fiscal del impuesto a las transacciones financieras irá a parar a las arcas generales del Estado para su uso discrecional por la Administración de turno. Podría entenderlo políticamente como una tasa transitoria por razones de economía política en tiempos de crisis, pero no como una medida permanente justificada en presuntas razones prudenciales.
En definitiva, que se habla demasiado de la necesidad de aliviar la restricción fiscal para evitar la recesión, cuando me parece obvio que es precisamente en la parte monetaria-financiera donde hay amplio espacio para periodificar algunas medidas y reconsiderar otras. Es al Banco Central Europeo, y sobre todo a la EBA, al que le toca mover ficha. El BCE no puede hacer mucho más de lo que hace, aunque lo pueda hacer mejor, y parece que Draghi estudia medidas para evitar el carry trade derivado de sus subastas ilimitadas a tres años y fomentar que la liquidez llegue al destinatario final. Y la EBA tendrá que modificar su política de provisiones por las carteras de riesgo soberano y podrá reconsiderar el calendario de aplicación y exigencia de los nuevos requisitos de capital. Los tiempos de crisis son también de grandes oportunidades, entre otras cosas para hacer al ajuste fiscal estructural pendiente y para diseñar una nueva arquitectura institucional y regulatoria bien equilibrada y calibrada en el sistema financiero.
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