El ajuste del gobierno es de los que hacen época y se explica porque quieren poner la venda antes de la herida. Al Ejecutivo sólo le queda mostrar el mismo coraje con la reforma laboral, financiera y de las autonomías.
Acaba el año la economía española contrayéndose seriamente, la inflación al 2,4 por ciento, el paro enmás de cinco millones y el déficit público acercándose al 8 por ciento del PIB. Un desastre sin paliativos. El Boletín mensual del Banco de España de diciembre ha puesto por escrito lo que apuntaban todos los indicadores disponibles. Pero el informe de la autoridad monetaria añade otro dato preocupante, el agotamiento de los únicos impulsos positivos que venían sosteniendo la actividad económica: turismo y exportaciones ya no tienen la fuerza suficiente para compensar el continuo descenso de la actividad industrial, el parón prolongado del sector servicios y el desplome incesante de la construcción.
Con ser preocupantes los datos macroeconómicos, lo peor del balance de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero es la sensación de oportunidad perdida, de tiempo que se ha dejado correr en la vana confianza en una recuperación internacional. Ésta no sólo no se ha producido, sino que el agravamiento de la crisis de la deuda europea, a la que no es ajena la inactividad española, ha forzado la revisión a la baja de todas las previsiones.
El Gobierno socialista ha evitado el rescate formal de la economía española, pero lo ha hecho sin criterio ni estrategia, con parches, ocultamientos y engaños que ahora empiezan a aflorar y pasar factura, sin profundizar en las reformas ni el ajuste fiscal, dejando todos los deberes pendientes y la credibilidad seriamente mermada.
Un repaso a los deberes del nuevo Ejecutivo es la mejor demostración de lo dicho. Se le pide que haga la reforma laboral que dote de flexibilidad interna y externa a nuestro mercado de trabajo; que sanee el sistema financiero limpiándolo de bancos zombies y terminando con la optimista valoración de sus activos inmobiliarios; que defina una política energética fiscalmente sostenible y que no sea una lacra a la competitividad de la industria; que liberalice las estructuras comerciales para contener la inflación subyacente y permitir la creación de empleo; que ponga fin a la erosión de lmercado interior y que haga una nueva trasposición de la directiva de servicios que haga realidad el mercado único en España; que modernice los mecanismos comerciales y financieros de ayuda a la exportación. No son temas nuevos. Los economistas se lo pedimos a un Rodríguez Zapatero que había anunciado que marcharíamos todos, y él el primero, por la senda reformista. Pero todo quedó en mera ilusión. Ahora, y con razón porque la urgencia es máxima y la actuación expansiva del BCE sólo ha comprado un poco de tiempo, se le pide a Rajoy que lo haga en unos días.
Será injusto, pero es así. Ya lo sabían cuando ganaron las elecciones. Para eso han recibido una mayoría absoluta. Porque los españoles, palabra que ha sustituido a los ciudadanos en el vocabulario oficial (sería un síntoma de madurez como país que se usaran indistintamente y sin implicar banderías ideológicas), son perfectamente conscientes de lo que se juegan. No sólo la pertenencia a la primera división europea, sino la estabilidad y prosperidad que tantos esfuerzos humanos ha costado. Porque detrás de todo milagro económico, y el español sin duda lo es desde la Transición, no hay únicamente números fríos, macromagnitudes en alza y buena gestión política. Hay sobre todo una generación que ha trabajado duramente, ha ahorrado para constituir un capital con el que encarar el futuro, ha invertido para ampliar la capacidad productiva y ha realizado una inmensa transferencia intergeneracional de capital humano. Ahora se le pide un esfuerzo adicional, que acepte un disminución de sus expectativas de renta y consumo futuro de bienes públicos, ya sean sanidad, pensiones, infraestructuras o subvenciones. Los españoles están dispuestos a hacerlo, pero necesitan seguridades de que servirá para cambiar el país.
El ajuste fiscal diseñado en el Consejo de Ministros de ayer es de los que hacen época. Se discutía si iban a ser capaces de recortar 4.000 millones de euros y han sido prácticamente 9.000 millones, lo que significa que el Gobierno estima que el desvío presupuestario ha sido cercano a cuatro puntos y quiere ponerse la venda antes de la herida. No quiere esperar a que los mercados financieros abran el lunes y castiguen el incumplimiento. Congelación de sueldos de funcionarios, salario mínimo e índice de actualización de las prestaciones sociales; congelación del empleo público con el objetivo de achicar el Estado en una legislatura; recorte del gasto corriente en todos los ministerios; sensible disminución de las aportaciones a RTVE, Renfe y otras empresas pública deficitarias, ¿para cuándo su privatización?, e instituciones como partidos y sindicatos; y la sorpresa final, subidas extraordinarias del IRPF y el IBI.
Medidas sin precedentes que deberían provocar un cambio radical de actitud y de mentalidad en todas las Administraciones. España no puede ni podrá reducir en casi 40.000 millones su déficit estructural sin una reconsideración general del papel del Estado, de los Estados, en la economía. Una reconsideración que habrá de recuperar tres principios básicos de gestión olvidados en los años de bonanza: austeridad, subsidiariedad, y especialización.
Ayer, el Gobierno convirtió la austeridad en política oficial. Subsidiariedad es la palabra clave para el futuro; las Administraciones Públicas sólo tienen que hacer aquello para lo que el sector privado es manifiestamente incompetente, por el tiempo estrictamente necesario y con la máxima eficiencia, sin consideraciones ideológicas previas. Siempre con la idea de crear espacio, sí también negocio, a la iniciativa privada. Y especialización, que se resume en que cada administración ha de hacer aquello en lo que tiene ventaja comparativa, olvidando competir con las demás administraciones en apropiarse ventajas políticas. Al final, resulta que el ajuste fiscal no es recorte sino Política con mayúscula. Sólo así tendrá éxito y será sostenible. Enhorabuena. Ahora sólo queda demostrar el mismo coraje político en la reforma laboral, financiera y del Estado de las Autonomías, y España volverá ser ejemplo en Europa.
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