Rajoy presionó a sus ministros para elevar y adelantar el ajuste, en lugar de dejarlo casi todo para la primavera. De Guindos cree que sólo un 'banco malo' que compre los inmuebles saneará a las entidades financieras, pero no hay dinero.
El Consejo de Ministros sorprendió ayer a todos ?sobre todo a nuestros colegas de Expansión, que dieron una portada llena de noticias falsas? al abordar temas espinosos como la ubicación del almacén de residuos nucleares (ATC), que llevaba cinco años sin resolver, y que, como denunciaba cada día elEconomista, nos ha costado 26,2 millones de euros, sólo desde que Zapatero decidió retrasar su ubicación, a razón de 60.000 euros diarios.
La segunda decisión valiente es reconocer desde el minuto cero que la desviación del déficit público alcanzará dos puntos del PIB ?en línea con la previsión de los principales institutos de análisis?, hasta el 8 por ciento, y anunciar a continuación una serie de iniciativas para reconducir en algo más de un tercio esa desviación. La magnitud del recorte, en torno a 15.000 millones entre ingresos y gastos, es muy superior a los entre 2.000 y 4.000 millones que se barajaron al comienzo.
Tanto Luis de Guindos como Cristóbal Montoro habían manifestado su deseo de esperar a conocer las cuentas a fondo para anunciar el ajuste. Pero Rajoy presionó para adelantar todo lo posible el calendario, porque es necesario despejar cuanto antes las incertidumbres. Hace tiempo que los mercados desconfían de las cifras oficiales.
Zapatero presume de que se fue por su propio pie en vez de por los mercados. Pero es mentira. En mayo se vio forzado a hacer recortes de una dimensión similar al anunciado ayer, en julio tuvo que adelantar las elecciones generales y en agosto, España estuvo a punto de ser rescatada, como reconoció luego el expresidente.
Su último error fue darse cuatro meses para celebrar elecciones. Todo ello, unido al tiempo transcurrido para el traspaso de poderes, suman casi medio año de inactividad y de parálisis administrativa. La situación aceleró el deterioro de la economía y de las cuentas públicas, como se pone ahora de manifiesto, pese a que Elena Salgado ocultó sin pudor la realidad, como denunció este periódico. En estas circunstancias, es urgente actuar.
Rajoy anunció en su investidura un decreto de no disponibilidad del presupuesto, pero ha ido más allá al solicitar un recorte del gasto a cada ministro que iba nombrando. Fomento e Industria se llevan la peor parte, dos de los Ministerios tradicionalmente inversores. Un síntoma de que no quiere apoyarse en el estímulo y la subvención oficial, sino en la iniciativa privada.
La mayor sorpresa, sin embargo, proviene de la subida de impuestos. No sólo porque Rajoy negó en campaña por activa y por pasiva que fuera a incrementar los tributos, además es que sus pupilos defendían que esta subida debería producirse sólo en una segunda fase para no contraer el gasto y, por ende, el crecimiento económico.
Por eso, el recorte se redirige hacia los impuestos sobre la renta y los bienes inmuebles, que permiten una progresividad que no tiene el IVA. Es decir, el Gobierno puede así cargar, como ha hecho, las tintas sobre las clases más adineradas, mientras que el IVA gravaría a todos por igual en función de su consumo, que se vería penalizado.
El inconveniente de subir los impuestos sobre las rentas de capital es que puede acelerar la salida de dinero en busca de caladeros fiscalmente más benignos. Para intentar evitarlo, Montoro recalcó que se trata de una actuación temporal, que se prolongará sólo dos años. Justo el periodo que manejan para enderezar las cuentas y abordar la salida de la crisis.
El alza de estos impuestos esconde un objetivo adicional: sanear las arcas de autonomías y ayuntamientos, ya que la mitad de la recaudación del IRPF va a parar a las primeras y prácticamente todo el IBI es percibido por las corporaciones municipales.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, intentó endulzar la presentación de las medidas al envolverlas en un alza de las pensiones de en torno al 1 por ciento, que no es real, ya que mucho de esos pensionistas verán incrementados en un porcentaje similar el IRPF.
Se trata de un primer conjunto de medidas para recortar el gasto sin deteriorar mucho el crecimiento. Un guiño al mercado, que aún resulta claramente insuficiente para regenerar la confianza. Rajoy y su equipo deben completar con otros 25.000 millones la cuantía del ajuste y avanzar en paralelo en dos frentes, el financiero y el laboral.
En el terreno financiero, Luis de Guindos está convencido de que todo lo que no sea crear un banco malo que compre los inmuebles a precio de mercado será parchear el sector. El inconveniente es que un proyecto así no se puede abordar sin ayuda exterior del Fondo Monetario. Estamos ante un primer paso dado en la buena dirección, pero aún nos queda mucho camino. ¡Les deseo un feliz año!
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