El consumo de las familias, antaño motor de nuestra economía, encadenó en noviembre un nuevo desplome, esta vez del 7,2%.
A su vez, el Banco de España confirmaba la ralentización que anunció De Guindos, al comprobar el retroceso en la inversión, el encarecimiento del crédito a las familias y la pérdida de fuelle en el turismo y las exportaciones.
Por un lado, la incertidumbre sobre el euro paraliza las decisiones y el flujo de financiación. Por otro, la política de austeridad acentúa esta tendencia. Además, la carga de deuda alimentada por nuestros desequilibrios exteriores impide que se pueda reactivar la actividad vía demanda nacional.
Esta situación exige un ajuste de los precios y salarios para restablecer la competitividad a corto, algo que una buena reforma laboral podría facilitar.
