Italia consiguió ayer cubrir una subasta de deuda a largo plazo considerada clave para determinar el rumbo del euro en los próximos meses. Sin embargo, obtuvo 7.000 millones de euros en lugar del máximo al que aspiraba de 8.500 millones.
La demanda no fue abultada y el interés de los bonos a 10 años se rebajó desde el 7,5 hasta el 6,9 por ciento, todavía en unos niveles peligrosos para la sostenibilidad de las finanzas de un país en los actuales ritmos de crecimiento. De esa demanda moderada se deduce que los préstamos a tres años del BCE no están incentivando a las entidades para que se lancen a comprar deuda soberana, tal y como querían los líderes europeos.
Y esto significa que los mercados de emisiones tanto públicos como privados continuarán atravesando turbulencias en el primer tramo del año, con el efecto perverso para la financiación de una economía real vapuleada por los recortes.
En el siguiente cuatrimestre, Italia afrontará vencimientos del orden de 160.000 millones. El pulso por la estabilidad de la moneda única se jugará en Roma. Allí, Monti tiene el reto de mantener su credibilidad en las reformas al tiempo que los políticos intrigan en su contra y la calle se rebela. Deberá profundizar en los ajustes y aplicar un paquete de reformas que libere a los transalpinos de los múltiples frenos impuestos a su crecimiento, desde el mercado laboral a las asociaciones profesionales, las privatizaciones o el sistema de bienestar.
La cantidad de deuda pública acumulada supone una carga insalvable si Italia no recupera los números positivos en sus cifras de PIB. No valdrá una simple patada hacia adelante.
