En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno trazó con una claridad meridiana y sin concesiones las líneas maestras de su política. Con guante de seda en puño de hierro, dibujó un panorama desolador, esto es, ajustado a la realidad de la situación española. No prometió una salida rápida de la crisis.
La del cuatrienio 2012-2016 va a ser una legislatura marcada por la evolución de la economía, sin perder de vista la necesidad de proceder a una regeneración institucional profunda. Junto a la crisis económica, el nuevo Gabinete se verá obligado a emprender una verdadera estrategia de reconstrucción nacional, entendida esa tarea como una puesta al día del modelo de Estado creado por la Constitución de 1978. Desde esta perspectiva, el mensaje de Rajoy está cuajado de ponderación y de sentido común.
El programa esbozado por Rajoy aborda los tres grandes problemas de la economía española: el ajuste presupuestario, el saneamiento del sistema financiero y las reformas estructurales, en especial la del mercado de trabajo. Aunque no dio a conocer los detalles de su acción en esos campos, la filosofía de su enfoque parece asentarse sobre dos principios básicos: la necesidad de acometer una profunda transformación del sistema económico-financiero nacional y la obligación de hacerlo con rapidez. Se ha terminado la época de los parches, y el líder del PP parece comprometido con un programa de amplio calado reformista con una visión de medio y largo plazo. No hay ni una sola concesión a la demagogia y/o a la coyuntura.
Unidad de mercado
Una de las propuestas que ha pasado inadvertida pero que tiene una importancia capital es la de la aplicación del principio de mutuo reconocimiento de las normas en todo el territorio nacional. Ésta es la transposición a la realidad española del espíritu de la sentencia de la Corte Suprema Europea Cassis de Dijon en 1979. La esencia de esa resolución es muy simple. Todos los países de la UE, en el caso español las autonomías, aceptan que las legislaciones imperantes sobre materias comunes, por ejemplo, la legislación comercial, son aplicables en cualquier zona del territorio. Por ejemplo, una empresa madrileña puede instalarse en Barcelona o a la inversa acogiéndose a la normativa vigente en su comunidad de origen.
De este modo, se garantiza la unidad de mercado sin necesidad de proceder a un penoso y complejo proceso de armonización legislativa.
En el ámbito presupuestario, Rajoy ha anunciado su compromiso de alcanzar el objetivo de déficit del 4,4% del PIB en 2012. Ha cuantificado en 16.000 millones el recorte necesario para lograr esa meta, si se cumple la previsión del Gobierno de un desequilibrio de las finanzas públicas del 6 por ciento del PIB en 2011. Ahora bien, si se rebasa ese techo, el Gabinete del PP realizará los ajustes precisos para cumplir el déficit proyectado en el Plan de Estabilidad.
Es decir, no ha condicionado el proceso de consolidación presupuestaria a que las cifras de déficit del anterior Gobierno se cumplan. Por otra parte, a la vista del planteamiento esbozado por Rajoy, la disminución del desequilibrio financiero de las Administraciones Públicas descansará en la reducción del gasto público, no en el aumento de los impuestos. Esto es de vital importancia en un entorno, como el de la economía española, que será de recesión en 2012.
Optimismo moderado
La única expresión de optimismo por parte de Rajoy se ha producido en su afirmación de que espera una recuperación del crédito al sector privado en el segundo semestre del año. Esta hipótesis parece de difícil cumplimiento. La evolución económica del país, con una recesión en curso y con un paro al alza, unida a las necesidades de sanear-recapitalizar el sistema financiero, plantean un escenario muy negativo para que los flujos crediticios a las familias y a las empresas en 2012 no sólo crezcan, sino que no se contraigan más.
Éste es un dato relevante porque la agudización de la restricción del crédito el año entrante va a ser el factor determinante de que se cierre ese ejercicio económico con una severa contracción del PIB. Si el PP hace lo correcto, esto es, avanzar en la dirección trazada por Rajoy, la recuperación de la economía se producirá, pero a un ritmo lento. Esto es vital tenerlo en cuenta para no crear ni creerse expectativas de una rápida vuelta al crecimiento y a la creación de empleo.
¿Qué sucederá? Si el PP, ya se ha señalado, acomete una terapia de cambio como la anunciada por Rajoy en su investidura, la economía española saldrá sin duda de la crisis y retornará a tasas de crecimiento estables y sostenidas. Ahora bien, aunque las familias, las empresas y los inversores internacionales modifiquen de manera sustancial sus expectativas en el sentido positivo del término, que lo harán, los problemas objetivos -situación financiera, desempleo, etc.- impiden una reactivación rápida. Las crisis financieras y de deuda exigen un dilatado período de depuración de los excesos cometidos en la fase alta del ciclo. Y en España ese ajuste se ha retrasado en exceso a causa de la inadecuada política económica desplegada por el Gabinete socialista.
Tener en cuenta esa restricción es básico porque, pasada la luna de miel, las fuerzas hostiles al cambio se movilizarán anunciando el fracaso del programa del Partido Popular. Será entonces cuando, ante las presiones de dentro y de fuera del Gobierno, Mariano Rajoy habrá de aguantar el tirón y mantener el rumbo de su estrategia económica convencido, como lo es en realidad, de que es la única posible.
