Las compañías de Unesa hemos sido las primeras en apostar por las energías renovables. Reconocemos el gran esfuerzo que se ha hecho en España para incorporarlas a nuestro mix energético, pero no podemos hacerlo a cualquier precio, sobre todo en una situación de crisis como la actual.
El desarrollo de las energías renovables es consecuencia de la política energética del actual Gobierno de España. Como política se puede estar o no de acuerdo con ella, pero lo que es verdaderamente cuestionable es que el proceso de incorporación de algunas energías renovables, como es el caso de la fotovoltaica, se haya llevado a cabo sin reparar en gastos, y lo que es igual de reprochable es que se haya hecho sin transmitir a los consumidores la importancia real de ese gasto. Si el Ejecutivo no toma medidas, estamos a punto de repetir el mismo error con la energía termosolar.
En 2010, la demanda de energía eléctrica en España fue de 295 TWh. De ellos, 204 TWh los produjeron las instalaciones tradicionales que percibieron, a través de las factura eléctrica que pagan los consumidores, 10.088 millones, incluida la retribución por capacidad, mientras que las renovables con una producción de 91 TWh cobraron 10.133 millones. Es decir, las renovables, que sólo produjeron el 30%, se quedaron con el 50% de los ingresos. Pero no es justo tratar a todas las renovables por igual.
El ritmo de implantación de la eólica ha permitido que la mayor parte de la potencia se haya instalado cuando la tecnología se podía considerar casi en fase comercial. Por el contrario, la fotovoltaica se ha instalado como si fuera una tecnología madura cuando aún está en período de desarrollo, con costes muy elevados. En 2010, esta energía sólo cubrió el 2,3% de la demanda y se llevó el 15% de los ingresos por factura eléctrica y, lo que es peor, los consumidores la seguiremos pagando durante 30 años a estos precios no comerciales.
Las renovables tienen innegables virtudes, pero no son baratas, al menos con la actual retribución regulada en España. Si comparamos con los países de nuestro entorno, las primas que se conceden a las fotovoltaicas en Alemania para la potencia hoy instalada son similares a las españolas, sólo que el número de horas de sol en Alemania es muy inferior, y el derecho a las primas en Alemania es por un número de años menor que en España.
No cabe duda de que la rentabilidad de los proyectos en España tiene que ser superior. Además, el sobrecoste para el consumidor alemán es la mitad que para el español, ya que el volumen absoluto de primas es similar, pero allí la demanda eléctrica es el doble. En 2009, el sobrecoste fotovoltaico en Alemania fue 5,2 MWh demandado, y en España 9,7 MWh demandado.
Las primas al régimen especial han pasado de 1.246 millones en 2005 a 7.120 millones en 2010, y el mecanismo que ha permitido que la opinión pública no sea consciente de la verdadera magnitud de este gasto ha sido porque se han ocultado generando más déficit de tarifas. En este período se ha pagado un total de 21.992 millones en concepto de primas y el déficit acumulado en ese mismo período ha sido de 23.750 millones.
De ocultar a negar el gasto
En estos momentos, desde puntos de vista obviamente interesados, se ha pasado de ocultar a negar el gasto. Se llega incluso a decir que en lugar de producir déficit, las energías renovables han permitido reducirlo, porque rebajan el precio del mercado de electricidad. Aunque esto fuese cierto, que no lo es, nada tiene que ver con el déficit, si el precio de la energía baja, los clientes pagan menos pero el déficit es el mismo.
El déficit se genera en la otra partida que compone la factura eléctrica, ya que es la diferencia entre lo que se cobra a los clientes por tarifas de acceso y lo que hay que pagar con esa recaudación. Precisamente la partida a pagar más importante son las primas que se llevaron en 2010 el 55% del total de la recaudación por Tarifas de Acceso. Las cosas se pueden presentar como se quiera, pero si en 2010 no se hubiesen pagado las primas a la fotovoltaica, no habría habido déficit de tarifa.
Para no reconocer este tipo de obviedades se recurre a una serie de artificios que realmente sólo tratan de desviar la atención de lo verdaderamente importante, hay que pagar 7.000 millones anuales en concepto de primas al régimen especial.
Otro argumento al que se recurre para desviar la atención del problema creado por las primas es hablar de sobrecapacidad, cuando realmente no existe. Para garantizar el suministro, es imprescindible tener potencia firme instalada disponible capaz de atender la demanda, ya que el carácter impredecible de la producción renovable ocasiona que podamos quedarnos sin energía eléctrica. A la vista del comportamiento histórico de estas energías, el Operador del Sistema cuenta sólo con el 7% de la potencia no gestionable para no arriesgarse. Al tener en cuenta esta realidad el índice de cobertura del sistema está en torno al 1,09, un poco inferior al 1,10 que habitualmente se considera adecuado.
Defensa electoral
Los defensores de las energías solares, en su intento de mantener argumentos insostenibles, recurren incluso a mencionar los beneficios crecientes de las empresas tradicionales, cuando éstos se sustentan en su actividad internacional o en sus otros negocios no eléctricos, porque la realidad es que la rentabilidad sobre sus activos eléctricos nacionales es inferior al coste de financiarlos.
Como estamos en periodo electoral, para presionar a futuros Gobiernos, se echa mano, además, a la demagogia, que pusieran de moda los llamados retroprogresistas, de analizar, sin ningún conocimiento de las compañías, sus costes internos, queriendo gravar con impuestos especiales algunas de sus actividades.
Esto es simplemente negar el mercado en nombre del propio mercado pues los resultados de las compañías que provienen de un mix de actividades con distinta rentabilidad ya tienen su impuesto, que es el de Sociedades. Las cifras que se manejan además para querer gravar con impuestos especiales a la energía nuclear y a la hidráulica se descalifican por sí mismas. Se les imputan unos beneficios caídos del cielo de 11.000 millones en el período 2007-2009, cuando el beneficio total de la actividad de generación en España en ese período sumó 7.400 millones.
No cabe duda de que el problema más importante en estos momentos es el desempleo y no se puede dejar pasar la oportunidad de especular con ello. Las cifras de empleo directo e indirecto en relación al régimen especial que están apareciendo en la prensa parecen un poco exageradas. Pero hay, además, un aspecto mucho más importante que me gustaría poner de manifiesto. Las cifras que se manejan hacen referencia a empleo en la instalación, que no en la explotación de las instalaciones que requieren de muy poco personal. A esto hay que añadir que en el caso de la fotovoltaica, con una inversión total del orden de 18.000 millones, el 80% de la misma fue importación de componentes y paneles fotovoltaicos, unos 12.000 millones fueron importaciones directas e indirectas de China, con lo que poco empleo se ha creado en España.
No se puede sostener el empleo a base de construir indefinidamente instalaciones que se levantan en unos pocos meses y que tienen una vida útil de 15 ó 25 años. Por eso, a poco que se ralentiza la construcción de instalaciones aparece el desempleo. Las empresas eléctricas asociadas en Unesa dan empleo directo a 50.000 trabajadores, indirectos a más de 400.000 y son el soporte de 10.000 pymes, todo esto de forma estable y continuada en el tiempo
Desde Unesa, más que hacer énfasis en la política energética o la adecuación de las primas a esos objetivos, se quiere transmitir la preocupación porque el suministro eléctrico sea asequible a los hogares y competitivo para las empresas. En cualquier caso, el precio no debe estar distorsionado por artificios como el déficit tarifario que inciden muy negativamente en el uso eficiente de la electricidad. La inclusión en el precio de la energía eléctrica de costes que no son realmente costes del suministro repercute desfavorablemente en la competitividad en el marco de la UE de las empresas eléctricas y sus clientes que son todas las empresas del país.
Eduardo Montes. Presidente de Unesa.