Los expertos dan por perdida la batalla: España no cerrará 2011 cumpliendo con el 6% de déficit exigido por Bruselas. Más bien lo hará en el entorno del 8%, lo que complica la reconducción de las cuentas en los ejercicios siguientes y atrae nuevos castigos del mercado.
Hay consenso en que el cuadro macro del Ejecutivo es papel mojado. La previsión de PIB no se cumplirá, a la luz del empeoramiento de la coyuntura. Sin ella, los ingresos no serán capaces de enjugar el quebranto.
Máxime cuando las cuentas de las CCAA y ayuntamientos agrandarán los números rojos en 1,5 ó 2 puntos porcentuales, según estudios. La Seguridad Social y algunos organismos públicos añadirán leña al fuego. Eso sin contar con la afloración de más déficits ocultos en las administraciones territoriales.
Con lo gastado en lo que va de año, ya se rebasa la proyección que llevaría al 6% y no parece verosímil que a un mes de las elecciones el Gobierno saliente, el de los planes E, el que se aferra ahora al colchón de la subasta del espectro radioeléctrico, vaya a impedir gastar hasta diciembre. Además, parte de nuestro desajuste es estructural y dificulta el reequilibrio. El Gobierno que salga de las urnas tras el 20-N afronta los retos más duros.
No suena bien en precampaña hablar de alzas fiscales, pero la realidad se impondrá antes o después. Los analistas no ven otra vía para achicar la brecha que recurrir a alzas del IVA, a una redefinición del Impuesto de Sociedades o a una racionalización fiscal.
Y aún así, seguiremos a merced del peso que añadan las despilfarradoras CCAA, señaladas por el FMI y las agencias de rating como el sumidero.