A la espera de que la Ley audiovisual se modifique para que las cadenas regionales sean privatizadas, los gobiernos autonómicos han decidido frenar el dispendio de estas televisiones.
No tiene sentido que los ciudadanos soporten recortes sociales básicos para sanear las cuentas de su comunidad mientras estos tradicionales foros partidistas han recibido 1.000 millones en subvenciones este año. Ya no sirve argumentar que generan empleo, menos cuando toca por cada vecino abonar de media 140 euros.
Y subiendo, pues las previsiones de inversión en publicidad cada vez son peores y se reparten entre más cadenas.
El Ejecutivo que salga del 20-N debe dar el paso y aprobar sus ventas. Es la única manera de mejorar la gestión y mantener los puestos de trabajo sin penalizar a los contribuyentes.
