La presión empieza a acumularse sobre el gobernador del Banco de España. Si el PP llega a la Moncloa en noviembre tal y como se prevé, una de los principales materias que tendrá que abordar es el ajuste del sistema financiero español.
Los populares se muestran partidarios de una rápida ronda de saneamiento y recapitalización de los balances, de modo que se despejen todas las dudas y pueda reiniciarse el ciclo del crédito.
Quieren aprovechar el proceso que se está abriendo en Europa para que esta vez se haga al mismo tiempo y no volvamos a quedarnos rezagados. Pero se encontrarán con que el gobernador Fernández Ordóñez tendrá mandato hasta junio del año que viene... y podría resistirse.
No olvidemos que el órgano supervisor resultaría indispensable, puesto que cuenta con la expertise y todos los datos de las entidades.
Sin embargo, semejante cambio de políticas representaría un varapalo para la gestión de Ordóñez, caracterizada por caer en la connivencia con el Gobierno, negar los problemas y, en consecuencia, ir aplicando parches. Conscientes de las dificultades que el gobernador podría presentar, el PP ha empezado a elevar la temperatura sobre Ordóñez.
Hace escasos días, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció una reforma del Banco para que sus inspectores recobren la independencia. No es de extrañar que los nervios se hayan desatado en las oficinas del instituto sito en Cibeles. Si el PP gana las elecciones, Ordóñez debería ser consecuente, facilitar la labor del nuevo Ejecutivo y dimitir.
