La sociedad no es capaz de entender cómo el supervisor del sistema financiero puede dejar pasar unos episodios que lindan en la malversación del dinero público.
El saneamiento de las cajas ha dado visibilidad a un escándalo colateral: las exorbitantes indemnizaciones que han cobrado los gestores que las hundieron al ser apartados de sus responsabilidades. En el caso concreto de la fusión de las cajas gallegas que ha dado lugar al nacimiento de NovaCaixagalicia Banco, los cuatro ejecutivos que tenían un contrato de alta dirección se han repartido más de 20 millones.
Dicha caja, ya convertida en banco, ha sido nacionalizada por el Banco de España, y el Estado ha tomado un 93 por ciento del capital por un importe de 2.465 millones. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) ya había inyectado 1.162 millones en participaciones preferentes. No es exagerado decir, por tanto, que los abusos de sus exdirectivos se han cometido con dinero público.
La indignación suscitada por estos cobros ha sido general. Los medios han reflejado la alarma social consiguiente y todas las miradas se han vuelto hacia el gobernador del Banco de España -que ejerce las funciones de supervisión y control- y sobre la Xunta, que tenía la tutela de las cajas y participaba en sus consejos de administración. Núñez Feijóo abogó el jueves por modificar las indemnizaciones de "todos los directivos" de Caixa Galicia y Caixanova siguiendo una directriz comunitaria -la recomendación de la Comisión Europea de 30 de abril de 2009- que las limita a dos años de retribuciones fijas: lo que exceda de esta cuantía debería ser devuelto por los beneficiarios. A su juicio, la iniciativa de tal reintegro corresponde al Banco de España, "que no sólo no evitó, sino que permitió y obligó a asegurar esas retribuciones cuando forzó a provisionar esas indemnizaciones en los balances". Evidentemente, el celo del supervisor debería ser más estricto cuando las entidades han recibido ayudas del Frob.
El caso gallego no ha sido el único: también se han conocido abusos de antiguos administradores de la CAM, que se prepararon sus retiros dorados, y de otras cajas en las que nunca estuvo clara la linde entre la política y los balances.
Salgado ha salido en defensa del gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, quien probablemente habrá actuado con arreglo a las leyes, aunque nada puede impedir que haya contraído una seria responsabilidad política en este escándalo. La sociedad no es capaz de entender cómo el supervisor del sistema financiero puede dejar pasar unos episodios que lindan con la malversación del dinero público en unas cajas que, como ha denunciado el catedrático Luis Garicano, han gestionado sus recursos en beneficio de sus patronos políticos, salvo honrosas excepciones.
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