A Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, le parece lógico que los ciudadanos se escandalicen con las millonarias indemnizaciones de algunas cajas.
A nosotros, además, nos parece vergonzoso que esas prebendas hayan podido ser pactadas, aprobadas y pagadas sin que el supervisor, autonomías y órganos de gobierno de las entidades hayan hecho nada para evitarlo. La realidad es sencilla: no hay ningún tipo de control.
Hasta ahora, si una caja que a duras penas sobrevivía quería recompensar a su alta dirección con bonos estratosféricos, podía hacerlo. Lo pactado estaba, en el mejor de los casos, pendiente de que un nuevo equipo gestor considerara que era desproporcionado y luchara por anularlo, como pasó en Caja Madrid.
Lo preocupante es que aun ahora, tras la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y NovaCaixaGalicia, todos los implicados se limitan a llevarse las manos a la cabeza y echar la culpa a otro sin reconocer su propia responsabilidad.
El gobernador, ese ciudadano ahora escandalizado, tuvo en su mano modificar las normas hace años, cuando se creó el Frob, por ejemplo, para haber puesto un coto efectivo a estas partidas retributivas en las entidades ayudadas, como ahora proyecta en una circular.
Feijóo, presidente de la Xunta, adalid de la gran caja gallega, cuenta con un representante en el comité de control de NCG que no quiso o no supo parar las indemnizaciones. Los consejeros, que velan por intereses de colectivos e instituciones, ni siquiera se enteraron de ellas cuando dieron el sí. Todos son tan culpables como los que pactaron los pagos, y todos nos escandalizan.
