Los asesores del PP ya han definido la hoja de ruta económica que debe seguir el equipo de Rajoy si, tal como apuntan las encuestas, sale vencedor el próximo 20-N.
Aconsejan un recorte de gasto público del orden de los 25.000 millones. Ubican la parte del león del tijeretazo en una partida de infraestructuras que ya son razonablemente buenas y abren el debate del copago sanitario.
Es tiempo de que el ciudadano tenga mecanismos de concienciación del coste de las actuaciones en materia de Sanidad o Educación.
La implantación de estos recortes dependerá del margen que le den las urnas. Por eso, el modelo marcado por Cospedal de eliminar excesos y duplicidades representa su mejor aval y le brindará un mayor respaldo entre los votantes justo cuando puede encontrar a la oposición en la calle.
Resulta esencial que estas iniciativas que el PP tiene sobre la mesa, y que van en la buena dirección, se apliquen con rapidez. España no puede perder más tiempo, pues debe restaurar su credibilidad y no será fácil enmendar los errores heredados del Gobierno socialista. No obstante, convendría que los populares se replanteen su voluntad de no subir impuestos.
Existe una fórmula que aplaca los efectos negativos asociados a un alza fiscal: compensar el incremento del IVA con la bajada de cotizaciones, lo que resulta neutro para las arcas pero tiene la virtud de mejorar la competitividad de nuestras empresas y la creación de empleo. El PP trabaja ahora sobre ese documento, por lo que puede introducir modificaciones.
El ajuste de gasto es acertado, pero no está de más acompañarlo de actuaciones por el lado de los impuestos aquilatadas y razonables.
