Me llega a las manos un correo espontáneo, pero no anónimo, un documento de la Federación de Enseñanza de UGT emitido a raíz de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este largo y doloroso 2011.
El título del texto es expresivo: Informe de los recortes en educación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
La contrariedad de los enseñantes afiliados a UGT es manifiesta con los designios del Gobierno socialista, al que en el segundo párrafo del documento, ya acusan de "atender al clamor de los mercados en detrimento de los ciudadanos".
Subraya FETE-UGT que el Gobierno socialista impuso que "no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos (una contradicción en los términos) salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables".
"Ésta es la mayor agresión sufrida contra el sustento económico de los trabajadores de la enseñanza concertada", se lee en otra parte del documento, "y supone el incumplimiento de los acuerdos firmados de homologación salarial al 100 por cien con los docentes de la red pública".
No sé si es necesario más entrecomillado del informe sindical , nada pacato en el uso de términos truculentos para definir la situación en la que los dejaba el Gobierno. Bastan los anteriores para poner de relieve la disconformidad del sindicato socialista con las decisiones del Ejecutivo socialista. Porque, a lo que voy, es a otra cosa.
De resultas de tanta indignación, la respuesta sindical transcendió a poco más que a este documento y a las habituales lamentaciones en los siempre predispuestos medios públicos.
Es la prueba del nueve de que las huelgas de estos días contra gobiernos del PP son políticas. O sea, la viva imagen de unos agentes políticos impropiamente llamados sindicatos.
Hernando F. Calleja. Periodista de elEconomista.
