Pemex quiere sufragar el 60 por ciento de la deuda contraída para elevar su participación en Repsol con el dividendo de la española. De este modo, la operación sería financieramente neutra para la mexicana, a la sazón competidora de Repsol.
En línea con su aliado Sacyr, accionista de referencia de la petrolera con una onerosa deuda a sus espaldas, pone sus ojos en la retribución al accionista como instrumento de ingeniería financiera. Ese esquema es el que redunda en que quieran recomponer la cúpula de la compañía desposeyendo a Antonio Brufau del puesto de presidente ejecutivo.
Granjearse un dividendo a medida es más fácil cuanto más control tenga el tándem Petróleos Mexicanos-Sacyr. Su estrategia, pues, no está enfocada en el negocio de la española como tal, sino de forma instrumental, lo cual hace pensar que buscarán exprimir la capacidad retributiva y podrían no tener reparos en trocearla u operar de la forma más ventajosa para el saneamiento de sus cuentas y no para el futuro de Repsol.
Su mayor cuota de control afecta a decisiones operativas de las que sus propios balances serían beneficiarias. Y todo, siempre, al margen de los minoritarios. El planteamiento de Pemex, controlada por el Gobierno mexicano, y la constructora que preside Del Rivero obliga a preguntarse por cómo podrían interferir en la proyección, inversiones y estabilidad de Repsol.
Se trata de una cuestión que atañe al Gobierno español revisar en orden a garantizar que el proceso no se realice a costa de esquilmar a uno de los titanes del Ibex. El Ejecutivo no puede seguir mirando a otro lado.
