La rehabilitación del Impuesto de Patrimonio por parte del Gobierno socialista no es sólo una medida a la desesperada que toma en sus últimas horas para sacar rentabilidad política con la demagogia de las rentas altas, sino que se configura como una actuación vacía, incapaz de conseguir los fines para los teóricamente se dirige.
Todo apunta a que no logrará recaudar los 1.000 millones que prevé el Ejecutivo, pues las comunidades autónomas tienen la llave para su aplicación. Es decir, al resucitarse el gravamen, lo que queda vigente es lo que cada región tuviera legislado al respecto. Y si se trata de una exención del cien por cien, como en el caso de Madrid, primará ésta.
O si el mínimo exento fijado está en otra cantidad distinta a los 700.000 euros de patrimonio que recoge la norma que revive el impuesto, el que regirá será el que tenga fijado la autonomía. De ese modo, en algunas CCAA gravaría a patrimonios no tan altos, minando los ingresos fiscales previstos.
Así pues, el tributo renace disminuido en sus funciones recaudatorias, su implantación sale cara en relación a su proyección de ingresos y se queda en una mera señal de artificio, efectista, de un Gobierno que se obceca en fingir que adopta decisiones. Electoralismo. Sin embargo, el candidato del Partido Popular a La Moncloa, Mariano Rajoy, sí ha anunciado medidas fiscales que tienen metas económicas positivas para el crecimiento, como la reducción de cargas tributarias para las pymes.
Una actuación que sí puede ayudar a que la gran mayoría de las empresas españolas, creadoras de empleo, puedan capear mejor la débil coyuntura.
