La abultada deuda pública italiana y la creciente dificultad del país transalpino para financiarse obligan a complementar los ajustes presentados por Berlusconi. Se cuestiona que Roma pueda alcanzar su objetivo de ahorrar 54.000 millones sólo con ese paquete.
Por lo tanto, sería conveniente completar el programa con una batería de privatizaciones que le puede granjear unos ingresos de 12.000 millones de euros al Estado italiano.
La venta de las participaciones en enseñas públicas como la petrolera Eni, la eléctrica Enel, el holding aeronáutico Finmeccanica o la tecnológica Ansaldo sería un balón de oxígeno para Italia.
Una medida que redundaría en beneficio de la libertad del mercado, para la cual resulta positiva la enajenación de monopolios públicos.
