Los autónomos, uno de los grupos más castigados por la crisis, van a ser víctimas ahora de una elevación de sus deberes ante Hacienda. Se hará obligatoria la presentación trimestral de los libros con el detalle de sus facturas.
Una medida positiva para atajar el fraude fiscal, pero que por el coste en tiempo y dinero que les supondrá esta mayor exigencia declarativa, puede acabar de debilitar a uno de los colectivos que más ha visto declinar su negocio en esta fase de anemia económica.
No parece una iniciativa fundada en la deseable simplificación de la maraña de trámites burocráticos y obligaciones fiscales. Si la Administración aumenta la supervisión antifraude, debe redoblar con sus propios recursos el esfuerzo de control de forma que no todo recaiga en el contribuyente.
