Mañana es el día D para Grecia y, por ende, para el futuro inmediato de la eurozona. Con los indicadores de riesgo incendiados, la visita supervisora de la troika -el Banco Central Europeo, el FMI y la Comisión Europea- determinará si se libera el sexto tramo del primer paquete de rescate arbitrado para reflotar la economía helena.
Se trata de 8.000 millones que brindarían oxígeno financiero al Gobierno de Papandreu, al que se le agota día a día el margen para atender los pagos de nóminas y pensiones. Y todo indica que el triunvirato dará su visto bueno.
Al menos a la luz de las declaraciones del presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que en el tono crecientemente enérgido adoptado en sus más recientes declaraciones, ayer manifestaba su absoluta confianza en que Atenas cumplirá sus compromisos de ajuste fiscal para seguir siendo rescatada.
A ellas se unen las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, en el mismo sentido y, según algunas fuentes, las del propio Gobierno alemán.
El país heleno está técnicamente quebrado, como descuentan reiteradamente los mercados con caídas sostenidas en las bolsas que castigan especialmente a la banca expuesta, eminentemente germana y gala. Pero conjurar el primer default efectivo de un país del euro y la previsible cadena de catástrofes subsiguiente es más una cuestión de voluntad política que de números. Siempre, claro está, que Atenas cumpla su programa de medidas.
En este sentido, y ante una deuda equivalente al 160 por ciento de su PIB y un déficit de más de 18.000 millones hasta agosto, el Ejecutivo heleno decretaba in extremis este fin de semana más medidas de austeridad y un nuevo impuesto que gravará la vivienda con el que pretende recabar 2.000 millones de euros y, sobre todo, el beneplácito de sus salvadores financieros, preocupados por un proceso ordenado de salida del caos griego y por el pellejo del euro, que sería la última ficha del dominó de contagios a instituciones financieras tenedoras de papel heleno y de la propagación entre Estados vulnerables como España o Italia, economías de carácter sistémico para la moneda única.
Un panorama sin Stark
La salida del ortodoxo Stark de la cúpula del BCE, detractor de la compra de bonos, y su relevo por el viceministro de Finanzas alemán, Joerg Asmussen, más permeable a las necesidades políticas de la UE, puede configurarse como un viento a favor en esta semana crucial para Grecia.
Un elemento que puede hacer más factible un acuerdo de la troika que relaje a los inversores, y que incluso podría traducirse en la recuperación de parte de las abruptas caídas bursátiles recientes. A partir de ahí, Atenas deberá sostener su disciplina de cara a la siguiente revisión, a final de año. Y la maquinaria europea deberá decidir en octubre sobre los eurobonos. Por lo pronto, la Unión Europea estaría buscando alternativas al negociar en la sombra la creación de una agencia europea de deuda.
Irlanda y Portugal, los otros dos periféricos en proceso de salvamento, arrojan noticias optimistas, según los últimos informes. Y las insostenibilidades de Italia y España son de otro cuño. Eso sí, la Comisión Europea advertía ayer sobre la economía española, que no logra enjugar su deuda, lastrada por las cuentas de las comunidades autónomas, un viejo mantra no resuelto que se ha cobrado una reforma constitucional en el tiempo de descuento de un Gobierno, el de Zapatero, incapaz de dar respuestas creíbles a la crisis. Es la última oportunidad para Grecia y para subsanar desmanes pasados y errores de cálculo.
