Hay un momento para gastar y un momento para reducir desembolsos, y ahora estamos en una época de austeridad. Desde que Standard & Poor's redujo la calificación crediticia AAA de Estados Unidos, algunos keynesianos siguen inclinándose por un mayor gasto. Dicen que la amenaza de que la economía vuelva a sumirse en una recesión exige un mayor gasto público.
Es cierto que la recuperación es débil. El desempleo ajustado por estacionalidad sigue en el 9,1 por ciento, y cayó de junio a julio entre los mayores de 20 años, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, BLS por sus siglas en inglés. Los problemas de deuda de Europa no están resueltos, y el mercado bursátil estadounidense sufre una extraordinaria volatilidad.
Pero el Congreso ha aclarado que no responderá gastando más dinero, y es probable que eso sea bueno. En el pasado, el gasto en estímulo apuntaba a mejorar carreteras, aeropuertos y otro tipo de infraestructuras. Sin embargo, no queda claro que ese gasto proporcione un valor suficiente al dólar.
Basta con considerar, por ejemplo, el gasto en autopistas. El Presupuesto para 2012 del presidente Barack Obama comprendía una inversión de 556.000 millones de dólares en transporte terrestre para los próximos seis años.
Si desembolsamos 100.000 millones más de dólares en la construcción de carreteras, se impulsa la economía y se reduce el desempleo. Pero si el gasto de 100.000 millones de dólares sólo genera 50.000 millones de valor para los conductores en forma de traslados más fluidos, veloces y seguros, entonces no necesariamente merece la pena su precio.
Argumentos poco convincentes
Por desgracia, como destacó la Oficina de Administración y Presupuesto, OMB por su acrónimo anglosajón, cuando evaluó el gasto federal en autopistas, en la mayor parte de los casos "la financiación no se basa en necesidades ni en desempeño, y se le ha dedicado una fuerte asignación".
Los partidarios del gasto en infraestructuras suelen sostener que la gran necesidad estadounidense de mejores calles, puentes, aeropuertos, etc. exige un desembolso federal, pero sus afirmaciones nunca han sido convincentes.
El McKinsey Global Institute, por ejemplo, ha referido la relativamente baja penetración de la banda ancha en EEUU, así como la ubicación mundial del país en lo relativo a infraestructura, que cayó al puesto 23 en 2010 después de haber estado entre los siete países que ocupaban el décimo lugar en 2000.
Es cierto que sólo el 68 por ciento de las familias estadounidenses tiene banda ancha, en comparación con más del 95 por ciento de los coreanos del sur. Pero Corea del Sur la subsidia, y no queda claro por qué el Gobierno de EEUU debería hacer lo mismo. ¿Por qué dar ayudas a la gente para que baje vídeos de YouTube más rápido?
Sólo el 3,1% de quien carece de banda ancha dice que se debe a que no tiene acceso a ésta, según la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, NTIA por sus siglas inglesas. La mayor parte de la gente aduce que la conexión es demasiado cara o que no le interesa.
Cómo invertir en infraestructuras
El lugar que ocupa EEUU en lo que respecta a infraestructuras no es tan malo en comparación con su ubicación en cuanto a equilibrio presupuestario, el puesto 118, inmediatamente por encima de Rumanía. En el ámbito de despilfarro del gasto gubernamental, EEUU ocupa el lugar 68, inmediatamente por debajo de Ghana. Esas cifras no sugieren precisamente que sería buena idea endeudarse más para gastar en túneles y diques.
Por supuesto, tenemos que mejorar la infraestructura, pero deberíamos encontrar formas más económicas de invertir en ello. ¿Por qué no hacer que los usuarios paguen, por ejemplo? Muchas carreteras y aeropuertos benefician ante todo a la población de un solo Estado, por lo que tendría sentido que los gobiernos estatales contribuyeran a pagar la cuenta.
El Congreso ha aclarado que no sólo quiere evitar un nuevo gasto en estímulo, sino también encontrar formas de recortar aún más el Presupuesto. El modo de hacerlo con inteligencia en una economía ralentizada es reorganizar la Administración, para lo que hay que apuntar a nuestro mayor gasto social: la Seguridad Social y Medicare.
Si no fuera por las cuestiones políticas que supone, reducir el gasto en Seguridad Social sería fácil: bastaría con retrasar la edad de jubilación. Los recortes en Medicare, por otro lado, serían difíciles tanto en términos políticos como conceptuales. Estoy impaciente por ver la propuesta de la supercomisión legislativa que se está creando como resultado del reciente acuerdo de elevación del límite de endeudamiento.
También se espera un buen análisis coste-beneficio de nuestros programas de defensa. Después, quedan cuatro grandes categorías presupuestarias que no se relacionan con prestaciones sociales ni con la seguridad nacional: servicios sociales y salud, educación, transporte, así como vivienda y desarrollo urbanístico. Estos gastos comprenden inversión y asistencia social. El dinero para educación cumple ambas funciones, dado que el futuro económico de EEUU depende de su capital humano. La educación, por lo tanto, no es el sector más indicado para aplicar profundos recortes. Al contrario, ahorrar dinero reduciendo el gasto escolar supondría perder dólares por ahorrar centavos. Los programas Race to the Top y No Child Left Behind contribuyen a asegurar el acceso a una educación digna. Massachusetts elevó su límite a las escuelas autónomas subsidiadas en parte para optar a fondos de Race to the Top.
Importancia de las infraestructuras
¿Puede el gasto en infraestructuras ser tan importante? Sin duda los camiones tienen que poder trasladarse con rapidez por Estados Unidos, pero los camioneros tienen que poder pagar sus propias carreteras. Los buenos aeropuertos también son importantes, pero quienes viajan en avión pueden financiar sus propias comodidades. No deberíamos tener que subsidiar a quienes conducen o viajan en avión.
En comparación con la mayor parte de las economías avanzadas, Estados Unidos gasta relativamente poco en Seguridad Social. Reducir el gasto en cupones de alimentos, de vivienda o en asistencia temporal a familias necesitadas supondría causar grandes sufrimientos. La actitud adecuada no consiste en mantener el mismo sistema y gastar menos, sino en repensar cómo abordar la pobreza. Podríamos empezar por consolidar tres grandes programas que ahora administran distintos departamentos: Agricultura maneja los cupones de alimentos, Vivienda y Desarrollo Urbano maneja el programa de vivienda, y Servicios Sociales y Salud maneja la asistencia temporal para familias necesitadas. Una sola entidad debería tener a su cargo definir la combinación más efectiva de asistencia que nuestro presupuesto pueda pagar.
Huelga decir que podría ahorrarse en muchos otros programas, entre ellos los subsidios agrícolas y la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, NASA. Las exenciones impositivas para casos como el del etanol y las viviendas para sectores de bajos ingresos sin duda podrían reducirse.
Ninguna de esas mermas tendría que instrumentarse ya mismo, por supuesto, en momentos en que la economía sigue estando muy débil. Pero el Congreso puede disponer recortes presupuestarios graduales a medida que avanza la recuperación.
Podemos crear una Administración mejor si nos tomamos el trabajo de reducir el gasto donde los costes superan a los beneficios. Tenemos que ponernos la visera verde y empezar a hacer cálculos.
Edward Glaeser. Profesor de Economía de la Universidad de Harvard, columnista de Bloomberg View y autor de Triumph of the City.
