En tan sólo seis meses, las comunidades autónomas acumulan un déficit de 13.000 millones, justo el 1,2 por ciento del PIB cuando el Gobierno les permitía sólo un 1,3 por ciento para finales de año.
Parte de estos excesos se justifican por el derroche anterior a las elecciones de mayo. Además, el empleo público ha seguido aumentando durante el primer semestre del año, y buena parte de él es de las autonomías. Al menos, está la buena noticia de que los cambios de Ejecutivo en muchas de las regiones han conllevado una paralización temporal de los dispendios.
Y esto supone una oportunidad para confeccionar unos presupuestos con base cero: es el momento de revisar todas las partidas como si se empezase de nuevo. Algunos de programas conocidos son muy esperanzadores. El más paradigmático puede ser el de Cospedal en Castilla-La Mancha, que muestra el camino de una reducción del gasto corriente ejemplar, también para un Gobierno central que ha logrado los gruesos de sus ajustes en buena medida con la paralización de las inversiones y la subida del IVA.
El próximo Ejecutivo central tendrá que concentrarse más en ese gasto corriente que, tal y como empiezan a mostrar algunos gobiernos autonómicos, puede podarse mucho sin afectar a la esencia de los servicios públicos. Pero hasta entonces el desfase de las CCAA unido a un peor escenario económico de lo previsto pueden dificultar la consecución de un déficit prometido del 6% para todo el Estado.
El Gobierno debe meter en cintura a las comunidades para asegurarse de que no supongan un lastre a las cuentas, sobre todo porque hay casos muy flagrantes.
