María Dolores de Cospedal quiere dar ejemplo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado un recorte del ¡22 por ciento del presupuesto para 2012!
De los 8.618 millones contemplados en la actualidad se pasará a unos 6.800, es decir, el nuevo Ejecutivo autonómico espera recortar la friolera de 1.718 millones en gasto e ingresar sólo unos 97 millones más.
La presidenta autonómica concentra el esfuerzo donde más se debe. Recortará oficinas como la delegación en Bruselas, el CES o el defensor del pueblo, puestos directivos, secretarios, un 75 por ciento de los asesores, conductores, dietas, actos institucionales, subvenciones a los sindicatos, patronal, fundaciones, empresas y programas de termalismo y turismo social.
Paralizará la inversión en infraestructuras y la contratación pública. Venderá inmuebles, coches y acciones, entre ellas todas las participaciones en compañías. Cerrará casi todas sus empresas públicas, reducirá el número de liberados sindicales y los fondos destinados a la televisión autonómica, que espera privatizar más adelante.
Controlará los pluses de productividad, exigirá a los profesores más horas lectivas y, encima, bajará el tramo autonómico del IRPF. Todo para llevar el déficit en un ejercicio al 1,3 por ciento desde el 4,9... sin subir la tributación.
Con casi un 80 por ciento de las partidas destinadas a servicios básicos, sobre todo Educación y Sanidad, el esfuerzo por racionalizar la estructura estatal se antoja excepcional. Para un PP que había titubeado demasiado e incluso practicado la demagogia con las medidas que había que tomar, Cospedal ahora despeja muchas dudas.
