La Sociedad Pública de Alquiler, uno de los proyectos estrella del Gobierno, marcha camino de su desaparición. Esta institución pretendía facilitar las relaciones entre inquilinos y propietarios para fomentar el alquiler y así abaratarlo.
Sin embargo, el organismo acumula una deuda de 30 millones de euros, y en seis años sólo ha logrado cerrar 18.000 operaciones, muy lejos de las 50.000 anunciadas. Su desfase en las cuentas también le ha llevado a cambiar las reglas del juego: mientras que exige a los inquilinos mayores desembolsos, a los propietarios les pide precios más bajos.
Algo que, aparte de contradecirse, no se corresponde con la situación actual. Éstos son los frutos de una política que ha pecado de intervencionista, pero que no ha cambiado la ley para dar seguridad jurídica a los dueños.
