T ras la loca alegría en el uso de los recursos de las Administraciones Públicas, queda patente el derroche en el gasto, la improvisación y el impago de facturas de toda índole. El sector público expulsó de los mercados financieros a las pequeñas empresas, los autónomos y las familias con dificultades económicas y buscó nuevos ingresos a través de cambios en impuestos y nuevas tasas.
Supuestamente, el endeudamiento debía servir para atender a estos grupos, sin embargo, generó una gran demanda de ayudas que no siempre respondían a necesidades básicas, ni estaban vinculadas a acciones para superar la situación de los peticionarios. Además, el crédito solicitado se orientaba al pago de actuaciones que deberían haber generado empleo y para subvenciones que ayudasen a la innovación y el crecimiento. El gasto se hizo, pero sin lograr los resultados esperados.
El descrédito de las AAPP y la presión de los países más serios de la UE indujeron a acciones correctoras. Lo más sólido y atractivo son las apelaciones solemnes a la reforma de la Constitución, que debería evitar excesos de gasto y endeudamiento. Como quiera que mientras se habla no se actúa, todo lo demás es inapropiado, contraproducente y conduce al descrédito de las normas, sobre todo después del Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, que persigue el adelanto de ciertos pagos fiscales -como si la mejora de la liquidez del Estado no afectara a las empresas-. Y en estas condiciones se apela también a la norma más solemne. Aprovechando la circunstancia, incluso otros partidos ponen sobre el tapete sus reivindicaciones pendientes.
Después del fiasco de la ley de morosidad, cuya contundencia debía eliminar las malas prácticas de pago, se trata de dar al enfermo una mayor dosis del placebo y presentarlo con otro color. Por fin se habla de la reducción de niveles administrativos? pero no de los que controla el partido que habla, y siempre a la espera de las nuevas elecciones.
El momento permite tomar decisiones decorosas, útiles para el país y sus ciudadanos. Por ejemplo, las empresas y entidades vinculadas a las AAPP deberían tener en su web sus estados financieros, igual que los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos y el Gobierno estatal con una explicación clara de su deuda y plazos de pago.
Los cierres de cada ejercicio deberían tener los mismos plazos que se exige a empresas, mutuas, etc. Los estados contables de cada entidad y empresas del sector público deben ser auditados por profesionales externos debidamente acreditados, los resultados llevados a las sindicaturas de cuentas correspondientes en los plazos exigidos para el sector privado, a fin de que supervisen la premura y corrección en la incorporación de las exigencias de los expertos externos. Si tuvieran un calendario de pagos donde se indicara el origen y cuantía de los recursos que permitirán cumplir con sus obligaciones, se podría cerrar el círculo.
La consolidación de actividades permitiría evaluar la pertinencia de agrupar organismos, de adecuar su tamaño a la dimensión óptima o bien de prescindir de los mismos.
La autoridad bien entendida se basa en el rigor, la coherencia, sobriedad y ejemplo de quien la ostenta. Para la regeneración de buenas prácticas, también debe ir por delante la autoridad; al contrario de lo que ocurre en sepelios y procesiones. Para ir rápido y dar confianza, basta con permitir compensar en los pagos a las AAPP las deudas -o la parte que cubra el pago fiscal que se realiza-. La Administración está en condiciones de hacer un clearing compensatorio rápido, barato y acorde con el refrán: obras son amores y no buenas razones.
