Los últimos datos de la EPA permiten hacer realidad el dicho de quien no se consuela es porque no quiere. El número de parados ha descendido en 76.500 personas en términos intertrimestrales y la tasa de paro pasa del 21,3 por ciento al 20,9 por ciento, lo que permite una lectura psicológica aunque la caída sea apenas de cuatro décimas.
Pese a reconocer que en las cifras en que nos movemos nada es grato, el Gobierno se ha felicitado del cambio de tendencia y de su posible prórroga, apuntándose al triunfalismo de un inicio de recuperación en el empleo y la economía en general.
Pero tal cambio estaba ya vaticinado y descontado por los centros de análisis y predicción, como el Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III, que explicaba meses atrás que la tasa de paro iniciaría un ligero respiro en este trimestre, para acabar algo por encima del 20 por ciento en 2011, pero que se mantendría alrededor de esta cifra en 2012 (ahora con la proximidad de las elecciones se abre un nuevo horizonte).
Es decir que después de tres años y medio de ajustes, desempleo, cierre de actividades, rebajas de todo tipo, estrechamientos de cinturón, penalidades y demás privaciones por parte del sector privado, comienza a trasmitirse al empleo, y a un ritmo ridículo, cierta mejoría que el Gobierno pretende hacer suya.
Pero los problemas del ámbito laboral siguen ahí (el paro juvenil alcanza el 46,12 por ciento, el desequilibrio regional es exagerado y la larga duración del paro o la temporalidad de los contratos, insostenibles) y con unos sindicatos empecinados en que se prolonguen de por vida.
Aparte del factor coyuntural de impulso en el turismo, que ha repercutido en los servicios, es positiva cierta recuperación de la industria y, sobre todo, que estos datos se han producido con un ligero aumento (74.900) de la población activa, por cierto exclusivamente femenina. Lo más negativo es que sigue maquillándose el problema, y la estadística, con alzas sustanciales del empleo público: 31.600 más en el trimestre, todos de las pródigas CCAA y ayuntamientos.
Fernando Méndez Ibisate. Profesor de Economía de la UCM.
