Si algo ha dejado claro esta crisis es que el Gobierno socialista se ha aferrado al ungüento amarillo del Instituto de Crédito Oficial como panacea para casi todo.
Ahora ofrece a las comunidades autónomas financiación ICO para que abonen parte de su deuda con el Estado, lo que vuelve a ser un trasvase de dinero estatal que luego habrá de ser devuelto por las regiones, sólo que engrosado con mayor carga financiera.
Y con ello, se elevaría al 6 por ciento del PIB el volumen de créditos del ICO, una cifra que se antoja desmesurada para esta institución cuyos medios materiales y humanos no crecen en proporción a su asunción de operaciones.
Además, el Ejecutivo elude el hecho de que hay que recortar gasto y endeudamiento en vez de ofrecer más crédito y a mayor coste.
