El culebrón que ha terminado con la CAM intervenida a petición propia es un serial de errores de cálculo perpetrados por el Banco de España para finalmente no lograr nada, sino el mismo desenlace a mayor coste.
Primero, porque las cifras de la caja revelaban que debió ser intervenida hace meses y la evitación del gobernador, Fernández Ordóñez, no ha logrado soslayar un final que anunciaba la comprometida situación de la entidad.
En segundo lugar, por el cúmulo de despropósitos que se han sucedido ante el fallido intento de colocar la caja a algún comprador o lograr su integración en alguna fusión. Fracasada su incorporación a Banco Base, ninguno de los potenciales adquirentes que allá por el mes de abril sopesaba la operación se atrevía a acometerla sin que se arbitrase un Esquema de Protección de Activos (EPA) por parte del supervisor de modo que la compra se percibiera a salvo de sorpresas en forma de insolvencias sobrevenidas o infraestimadas.
Sin embargo, ahora el Banco de España dispone ese mecanismo de salvaguarda frente a pérdidas extemporáneas para evitar que la subasta de la entidad alicantina quede desierta. Justo lo que pudo hacer tiempo atrás, pero ahora con la inyección de 2.800 millones del Frob y, además, con una línea de crédito de otros 3.000 millones.
Así, la intervención de la CAM pone una guinda a la larga sucesión de torpezas e irresponsabilidades que Ordóñez ha cometido en el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros. Para colmo, con cargo al erario y, por ende, al contribuyente. Resulta negligente demorar acciones para no aplacar sus efectos indeseables.
