En 2013 desaparecerá la fiscalidad favorable que hoy disfruta en nuestro país el gasóleo consumido para uso profesional.
La modificación de la Directiva 2003/96/CE sobre la tributación de los productos energéticos desposeerá a los Estados de la potestad de diferenciar la imposición del gasóleo de automoción según se utilice o no para tareas productivas.
En la medida en que el sobrecoste originado se incorpore al precio final de los productos, el nuevo tratamiento revestirá un componente inflacionista para el consumidor.
Además, minará las cuentas de los transportistas españoles, un sector muy fragmentado, de pequeños empresarios en su mayoría, con poca capacidad de trasladar alzas de costes a los servicios facturados.
También encarecerá el transporte de viajeros y distorsionará las decisiones empresariales porque penalizará la elección del transporte por carretera en favor del aéreo, marítimo o ferroviario, si se quieren mantener los márgenes.
Ello, al tiempo, hará patente la necesidad de otra de las reformas económicas que debió haber abordado el Gobierno socialista: la de impulsar en España el porte de mercancías por ferrocarril, en vez de fiar el devenir de un sector a la política de subsidios.
Por otra parte, el momento en que el nuevo marco entre en vigor, el año 2013, en la salida de la más grave crisis de los últimos tiempos, no parece el más adecuado para la implantación de medidas que se traducen en una mayor presión fiscal para las empresas, sin ver éstas aliviadas otras de sus cargas, como la que suponen las cotizaciones.
