Con una economía española en una situación dramática, con la prima de riesgo disparada y con un gabinete difunto, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno se ha lanzado a una campaña contra el "Gran Capital", al que se quiere convertir en el chivo expiatorio de los males que afligen a la economía y a las finanzas patrias.
Si hace una semana comentaba la propuesta del señor Pérez Rubalcaba de subir los impuestos a los ricos, esta semana toca reflexionar sobre su proyecto de crear un tributo y/o elevar la fiscalidad que recae sobre la banca, así como su idea de convertir a las entidades financieras españolas en un instrumento para crear empleo.
Con independencia de la oportunidad de cargar sobre la banca y en la coyuntura actual una responsabilidad que no le corresponde, por ejemplo generar puestos de trabajo, la caricaturización de los banqueros como unos villanos que obtienen pingües beneficios a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo es un ejercicio tentador pero injusto.
El negocio de los bancos es prestar dinero y, por tanto, es ridículo pensar que no lo hacen para, permítase la licencia, asfixiar a las familias y a las empresas, fastidiar al Gobierno y, de paso, hacerse el haraquiri. Con una economía estancada tras una durísima recesión, con el paro en niveles abrumadores, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con el alto endeudamiento de las compañías y de los hogares, con un crecimiento exponencial de la morosidad, con dificultades y costes crecientes para conseguir financiación interna y externa y sin expectativas de recuperación económica a corto plazo, la capacidad dad de la banca para aumentar su oferta de crédito es muy limitada.
En este contexto, la aversión al riesgo se incrementa y las entidades crediticias se ven obligadas a fortalecer sus ratios de solvencia para protegerse de una situación plagada de incertidumbre. Esto no se arregla asaltando sucursales o enviando a los descamisados a asaltar el Palacio de Invierno de los zares de la banca.
El Gobierno hace más grande el agujero
Por otra parte, la política del propio Gobierno ha contribuido de manera sustancial a la intensa contracción crediticia experimentada por la economía española.
En concreto, la necesidad de cubrir la brutal expansión del gasto, del déficit y de la deuda pública generada por la crisis pero, también, por la acción fiscal y presupuestaria del gabinete ha restringido y encarecido todavía más los ya escasos recursos disponibles para el sector privado. Este es un caso paradigmático del efecto crowding out recogido en los manuales de Hacienda Pública.
Desde esta perspectiva, el Ejecutivo presidido por el señor Rodríguez Zapatero ha sido y es uno de los factores determinantes de la restricción de crédito existente en España. En 2010, el crédito disponible en el sistema financiero fue absorbido casi en su totalidad por el sector público. Desde esta óptica, a la irresponsabilidad de atizar los ánimos contra la banca se unen ciertas dosis de cinismo lírico.
Recuperación al contribuyente
Sería justo y razonable que los contribuyentes recuperasen los recursos aportados por el Estado para salvar de la quiebra a las entidades financieras aunque existen otros métodos, como el del caso sueco, en el que se nacionalizaron los bancos insolventes que sanearon la política del propio Gobierno.
Ahora bien, esa demanda debe realizarse a quienes han obtenido esos fondos, aun no los han devuelto, existen posibilidades muy altas de que no lo hagan nunca y bastantes de que exijan más para evitar la quiebra.
En el escenario español, esa exigencia habría que trasladarla a las cajas de ahorros, que hasta el momento son las únicas entidades que han recibido ayudas públicas, pero no a la banca que no ha pedido ni un euro al Estado y que, en la medida en que todavía obtiene beneficios, contribuye a las arcas de la Hacienda a través del pago religioso de los impuestos. Por añadidura, el endurecimiento de la fiscalidad sobre la banca tendría efectos distintos a los buscados.
Por un lado, los incentivos de los bancos para deslocalizarse hacia otros países con un entorno fiscal más favorable serían muy altos, lo que haría disminuir su aportación a los ingresos del Estado. Por otro, el alza impositiva es un coste, supondría una caída de la rentabilidad de las entidades y, en consecuencia, es impensable que esa medida se tradujese en un aumento de la oferta de crédito al sector privado.
La banca debe dar crédito, no empleo
Por último, la misión de la banca no es generar empleo. Esa es una tarea que corresponde al sector privado. Los bancos pueden contribuir a ese objetivo facilitando crédito, pero eso, que es una condición necesaria, no es una condición suficiente.
La creación de puestos de trabajo exige un marco de política económica orientado a generar estabilidad macroeconómica y acometer las medidas estructurales capaces de estimular la oferta para incitar el crecimiento y la creación de empleo. Esa estrategia ha de ser clara, sostenida en el tiempo y creíble para inspirar confianza.
En este contexto, sin ser la única medida, la pieza clave es la reforma del mercado laboral, dotándole de mayor flexibilidad y de la capacidad de ajustarse a los cambios. El resto es literatura. Dentro de poco, se pedirá la resurrección de la banca pública para generar puestos de trabajo y facilitar financiación a quien no la encuentra en el mercado.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
