Francisco Camps pagaba ayer el último plazo de los trajes que más caros le han salido, los del caso que le llevó a los tribunales. El hasta ayer jefe del Consell valenciano, imputado por esta derivación del Gürtel, barajó asumir la culpa y abonar una multa, pero al fin ha optado por dimitir y defenderse.
Su deriva judicial cada vez le ponía más contra las cuerdas y pasaba a suponer un fardo en la carrera de Rajoy hacia las generales. No extraña que este último haya forzado a que Camps adopte finalmente la decisión de marcharse, tras más de ocho años al frente de la Generalitat Valenciana.
De hecho, lo que resultaba flagrante es que un imputado se mantuviera en la presidencia de una comunidad autónoma sin reparos y forzara la máquina para permanecer. Camps intentó plantar cara a Rajoy, pero éste le amenazó con convocar un congreso extraordinario y echarlo del partido, a través de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La acertada actuación de Rajoy refuerza su autoridad al frente del PP y evidencia que toma las riendas con brío de cara a los próximos comicios.
El líder del PP, que tiene fama de decir más con sus silencios que con sus palabras, era conocedor de que no podía aguantar una campaña electoral con Camps en el banquillo, porque estaba en juego la mayoría absoluta que le otorgan los sondeos de opinión.
El presidente valenciano, además, era utilizado por la oposición y sus medios afines para tapar los desvaríos económicos del Gobierno. El momento elegido, en vísperas de la cumbre del euro, no es por ello baladí.
Al líder del PP no debe temblarle la mano para limpiar el partido.
