El desapalancamiento es una palabra fea. Pero más feas son sus consecuencias. El crédito para familias y empresas cae a los mínimos del inicio de la crisis. Por un lado, todo son problemas para los hogares.
Éstos aún tienen que reducir su endeudamiento y la demanda solvente de préstamos se estrecha conforme el paro y los ajustes en los sueldos e ingresos continúan erosionando la capacidad adquisitiva.
Además, el euribor mantiene su senda alcista; la subida de los dos puntos de IVA y el fin de la desgravación por vivienda provocaron que muchas compras de casas se adelantasen; y el resto de la demanda va a esperar a que bajen más los precios. No parece por tanto que vaya a haber muchas peticiones de hipotecas, y menos si aprueban una legislación que protegerá al embargado pero lo encarecerá para el que contrate una. Y las empresas no logran préstamos para nuevas iniciativas.
Por otro lado, las entidades aún experimentan dificultades para obtener fondos en los mercados, y tienen que conseguirlos a través de depósitos a precios de oro. Encima, soportan una regulación del Gobierno que les exige más capitales justo cuando hay menos liquidez. Y llevan más de tres años haciendo esfuerzos ímprobos para contener su morosidad.
Si además deben recortar su sobredimensionamiento con despidos muy caros y han de devolver ayudas públicas, las entidades tampoco están para alegrías, máxime cuando las salidas a bolsa ocurren en momentos de incertidumbre soberana y la acogida de los test de estrés bien puede traer más turbulencias. Nuestras entidades no pasan la verdadera prueba de esfuerzo: la concesión de préstamos.
