En cuanto surgió el escándalo de la SGAE, el Ministerio de Cultura declaró que una sentencia determinaba que el control y supervisión sobre las sociedades de derechos de autor era competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Sin embargo, éstas no se habían traspasado. O sea, que la responsabilidad todavía pertenece a un Gobierno que se ha mostrado en muchas ocasiones muy vinculado a estos autores.
Y además el Ejecutivo siempre tuvo la capacidad de cambiar un modelo regulatorio polémico y que había recibido varios varapalos importantes en los tribunales.
Cabe ahora preguntarse si éste resulta el lógico colofón al hecho de haber colocado en el Ministerio de Cultura a un conocido miembro de este colectivo. Alguien debe responder por lo sucedido.
