A propuesta del Ministerio de Industria, el Gobierno estudia una nueva forma de que los autores cobren sus derechos. La Justicia europea ya había establecido que nuestro sistema se aplica de forma indiscriminada.
Y ahora que los abusos de la SGAE han quedado perfectamente retratados, la reforma es todavía más necesaria.
Pero si el Ejecutivo se plantea costearlo mediante los Presupuestos, es decir, a golpe de nuestros impuestos, entonces sigue equivocándose. Sería igualmente indiscriminado que lo paguemos entre todos, como sucede en el modelo noruego.
Hay que cambiar el sistema para que sólo abonen aquellos que disfrutan de la copia. Y además el nuevo canon debe aclarar qué organismo es el encargado de inspeccionar y controlar ese chorro de dinero público.
