A falta de lo que determine la Justicia sobre la trama de la SGAE y la responsabilidad de sus directivos, urge un serio replanteamiento del modelo de gestión de derechos de autor en España.
Ahora tenemos una sociedad privada que recauda tasas, absolutamente opaca, que hace y deshace a su antojo, que premia con sueldos y pensiones millonarios a su cúpula, mientras poco se sabe si cumple con su deber de atender a los intereses de los autores, todos los autores.
Cultura es tan culpable de los desmanes como la propia SGAE. Al departamento de Ángeles González-Sinde le corresponde el control de su actividad, el de promover cambios legales o el de revocar su privilegiada situación. Si algo ilícito se ha hecho desde la SGAE, es porque se lo han consentido.
