Por primera vez, el Estado ha incurrido en un retraso del pago de las pensiones a las clases pasivas, es decir, funcionarios, militares y otros grupos que no cotizan al régimen general, algo que se cubre con los presupuestos del Estado y no con los de la Seguridad Social.
La cantidad cuyo pago se ha demorado casi una semana podría ascender a 1.400 millones y denota problemas de liquidez en las cuentas estatales.
La realidad se impone. Se habían embellecido los ingresos con alzas de impuestos, pero lo cierto es que IRPF y Sociedades, los gruesos de la recaudación, cada vez aportan menos.
Y agotado el fondo de contingencia, han tenido que apurar la Tesorería en un contexto en el que el recurso al endeudamiento es más difícil y caro. La vaca tiene un límite al ordeñamiento.
