THE WASHINGTON POST (EEUU)
El Tribunal Supremo tumbó recientemente un caso contra Wal-Mart. En él, la defensa afirmaba representar a 1,5 millones de empleadas que iban contra la empresa por presunta discriminación. Los magistrados dieron la victoria a Wal-Mart y al resto de acusados corporativos al fallar que deben tener derecho a fijar las remuneraciones y no limitarse a los modelos estadísticos presentados por la defensa.
El tribunal fijó en el fallo normas que van a dificultar que los demandantes de estos casos ganen. Pero estos cambios son sensatos y conducirán a ciertos desarrollos, incluyendo demandas más reducidas y cohesionadas. El reglamento federal que se encarga de las demandas civiles obliga a que los miembros compartan "motivos legales o hechos" y a que "las partes protejan con justicia y adecuadamente los intereses".
Las damas habían aducido que el factor unificador de todas sus demandas era la política de Wal-Mart que da a los responsables libertad casi total para contratar y ascender. Esa libertad, dicen ellas, llevó a comportamientos discriminatorios. Pero si la libertad es casi absoluta, ¿cómo se puede pedir cuentas a la empresa por una política presuntamente discriminatoria a nivel nacional?
El intento de la defensa de demostrar conducta discriminatoria a través de análisis estadístico reviste problemas. De los sumarios presentados por las féminas, más de la mitad procede de seis estados; no hubo demanda de discriminación en 14 estados en donde las empleadas fueron incluidas en la demanda colectiva.
En el futuro, habrá de demostrarse un vínculo más fuerte entre el daño y las presuntas políticas discriminatorias.
