Llega la hora de pasar revista a las medidas tomadas a regañadientes por el Ejecutivo, siempre bajo presión máxima de la UE y los mercados. Justo ante el último Debate sobre el Estado de la Nación de Zapatero y con la prima de riesgo incendiada, el Gobierno ultima una regla de gasto para embridar a las CCAA.
Podría parecer una abdicación del optimismo inopinado en favor del compromiso con las cuentas públicas, pero no es tal, en puridad.
El Gabinete socialista ha desoído las advertencias en tal sentido, pero los cambios de signo en gobiernos autonómicos en favor del PP tras el 22-M sin duda han sido un acicate para abordar esta iniciativa, no sólo positiva sino necesaria. De hecho, es algo que se viene pidiendo reiteradamente al Ejecutivo.
Ahora saca pecho de sus reformas. Pese a su corto recorrido, aíslan a España del saco de los PIGS. Pero son insuficientes y para alejar la incertidumbre hace falta ahondarlas. Lo hecho se resume en una minirreforma laboral que no se ha contado en empleos, en un retraso de la jubilación que ha acabado mercadéandose con CiU y en que el mayor avance en negociación colectiva se ablandó en cambalache parlamentario para esquivar el rechazo del PNV y CiU.
Hay más proyectos en los que el Gobierno se colgará medallas: contratos de distribución o la definición de zonas turísticas para liberalizar horarios comerciales, algo que no aborda en mayor escala. Y, al cabo, podrá anotarse un tanto por la previsible mejora del empleo de la campaña estival. Pero el autobombo sólo suena a justificación de la acción de Gobierno unos meses más: a un pretexto para no adelantar elecciones... o lo menos posible.
