Tras las elecciones del 22-M, las comunidades autónomas españolas encaran un necesario proceso de austeridad, una tarea en la que se enfrascan con especial brío aquellas en que se ha producido un cambio de signo en el Gobierno.
Del análisis de las cifras y partidas de gasto autonómico se desprende que si bien es positivo y ultranecesario recortar gastos superfluos y suntuarios, éstos no tienen un peso en el Presupuesto tan voluminoso como para deparar una mejora sustancial en las cuentas. No es esto, desde luego, una excusa para dejarlos intactos. Máxime en tiempos de crisis.
Al contrario, es obligado que las administraciones autonómicas los reduzcan para ahorrar, para legitimar la acción pública y evidenciar su compromiso con el dinero del contribuyente. Y también hay que adelgazar la maraña de tentáculos empresariales y organismos que derivan de las autonomías, muchos plenos de duplicidades y funciones vacías.
Pero donde se concentra el grueso de los presupuestos de las 17 CCAA es en partidas esenciales como la Sanidad, la Educación o la Justicia, que ofrecen menor margen de maniobra para operar ajustes, dado el contenido de sus servicios.
En este sentido, resulta ineludible mermar las ineficiencias, optimizando la gestión, incluida la de la plantilla, racionalizando los esquemas y estableciendo las prioridades. Porque de lo que se trata es de recortar gasto sin depauperar la prestación última recibida por el ciudadano, y esto se consigue reduciendo el coste de producción y concienciando al beneficiario de su magnitud mediante mecanismos como el copago.
