Cuando vio de cerca la guadaña de los mercados y la UE, hace algo más de un año, el Gobierno hoy saliente de Zapatero se avino a abrazar la austeridad y a adoptar algunas medidas que exigía la frágil coyuntura.
El esfuerzo in extremis, típico del alumno que deja todo para la víspera, deparó avances... aunque tardíos. Se frenó la borrachera de gasto, se abarató el despido y se retrasó la jubilación con una reforma de las pensiones diluida. Pero salvo decretos de golpe de efecto, hay mucho retraso legislativo. Y las demoras se centran en el grueso de las medidas que el propio Ejecutivo tildó de urgentes.
No parece que antes del fin de la legislatura, incluso si la agota, pueda estar lista la Ley Concursal, la de transporte terrestre o la de mejora de la empleabilidad. A la negociación colectiva le queda todo el trámite parlamentario, como a la de pensiones, que cuenta a priori con el rechazo del PP.
Otras, como la Ley del Juego, avanzaron sospechosamente al amparo de la inminente colocación parcial de Loterías. Un Gobierno que pecó de desidia cuando aún no tenía toda la credibilidad perdida y que malgastó sus líneas de acción no va a convertirse a la religión de la disciplina legislativa ahora que tiene pie y medio fuera. Este Ejecutivo zombie sólo suena a atonía reformista.
No tiene tiempo material para poner en marcha medidas cuyo desarrollo e implantación lleva tiempo, más del que le queda. Y al delfín Rubalcaba no le interesa desgastar al electorado con nuevos sacrificios.
El impasse normativo durará hasta que se constituyan las nuevas Cortes. Así que cuanto antes se celebren las elecciones, antes se podrá actuar y recuperar el tiempo perdido.
