Es ilógico que un consistorio, en tiempos de crisis, por más que sea el de la capital de España, destine 72 millones a unas papeleras electrónicas que indican si están llenas o no.
Este estrambótico ejemplo se reproduce en las administraciones autonómicas y locales. Se multiplican competencias estériles, gastos redundantes, se abren aeródromos donde nadie aterriza, se mantienen empresas públicas al margen de la idoneidad de sus servicios.
El sobrecoste total soportado por las arcas de las administraciones infraestatales se cifra, según un estudio, en casi 33.000 millones. Y la deuda de diputaciones y cabildos llega a los 6.358 millones. En su afán por erigirse en miniestados, las CCAA y municipios se han enfrascado en remedar las estructuras nacionales.
No reparan en gastos y, para colmo, reclaman del Estado que tape sus desajustes con fondos de compensación y salga en su auxilio ante la ingente deuda acumulada. Es una conducta megalómana, acrítica, acíclica, electoralista y carente de criterios de eficiencia o eficacia al llegar al ciudadano en forma de servicios. El engrosamiento del Estado frena el crecimiento.
Cuando la crisis, Europa, y los mercados fuerzan a abrazar la austeridad, lo que deberían hacer estas administraciones es justo lo contrario: agruparse y suprimir estructuras.
Fusionar ayuntamientos, eliminar unas diputaciones cuyos fines están representados en otros estamentos administrativos, cerrar entes y empresas autonómicas y examinar la procedencia de cada euro del contribuyente gastado. Hay bastante margen para aplicar la tijera en vez de llorar pidiendo aún más dinero. Que se pongan a ello.
