El Gobierno por fin asume su responsabilidad y regula la negociación colectiva. Pese a que el borrador aún puede modificarse, éste ya permite un análisis. Y las conclusiones no son favorables... excepto para UGT y Comisiones.
En primer lugar, no hace nada para suprimir la ultraactividad, eso que permitía que un convenio laboral siga vigente impidiendo la flexibilidad en las empresas.
La nueva legislación dará 20 meses para que empresa y trabajadores lleguen a un acuerdo y, si no lo hacen, entonces haya una mediación o arbitraje. Esos 20 meses son demasiado tiempo ahora que las empresas deben reaccionar rápido al mercado.
Encima, no se crean los incentivos para que se firme un acuerdo, ya que si la intermediación no funciona, las partes podrán bloquearlo y dejar el anterior. O sea, el poder del sindicato sigue inalterable.
En segundo lugar, se dará prevalencia a los convenios estatales y sectoriales sobre el resto. Sólo se podrá modificar aquello que permita el convenio estatal, de modo que vuelve a concederse un importante poder de bloqueo a los sindicatos mayoritarios. Y no está claro que esto vaya a eliminar la maraña de convenios provinciales. Tercero, las secciones sindicales prevalecerán sobre el comité de empresa, lo que brinda mucha influencia a UGT y CCOO en las empresas con representación obrera, socavando a sectoriales y minoritarios. Y cuarto, fortalece a los sindicatos al darles en las comisiones paritarias el poder para negociar toda la flexibilidad y el descuelgue.
Así, el Gobierno sobrerregula con poco margen para mejoras y mucho para complicaciones y dudas, y no facilita que el empresario pueda adoptar medidas.
