Se acabaron las buenas palabras de Bruselas sobre los propósitos de enmienda del Gobierno español, que se han quedado en mero voluntarismo. Así, diremos adiós al efecto serenante de esa tregua en los mercados y en el pánico a una caída en dominó de los periféricos.
La UE creyó que España haría reformas, pero, vista su ligereza y nulos frutos, ayer puso de nuevo los puntos sobre las íes al Ejecutivo. Le insta a bajar cotizaciones sociales y subir el IVA, lo que neutraliza el impacto en las arcas de la primera medida. No en vano, un recorte de las cuotas equivalente a un punto del PIB compensado con el alza fiscal podría suponer, al bajar costes, una creación neta de 150.000 empleos.
La Comisión también pide al Gobierno medidas en pensiones, cajas, negociación colectiva, formación, acomodación de salarios y liberalización de servicios, y teme seriamente por nuestras cuentas públicas. Ya Moody's ha desvelado la incapacidad del Gobierno para embridar a las CCAA, lo que traslada el desaguisado al Estado central.
Pero Economía sigue dando la espalda a la realidad. Salgado tachó ayer esas indicaciones disciplinantes de "inoportunas" y se jactó de su nula voluntad de cumplirlas. Un despropósito más de quienes, a la luz de su gestión, no están legitimados para descartar consejo alguno. Tenemos un Gobierno saliente que ha malogrado el crédito de la UE y sus ocasiones de reconducir la economía.
Zapatero tiene que zanjar tanta promesa vana y adoptar ya las reformas de calado. No puede seguir esperando a que los hechos le lleven a un precipicio desde donde decretarlas in extremis. La UE ha hablado claro y firme. No hay lugar para débiles.
