Para las próximas semanas, se prevé la colocación de títulos de capital de los nuevos bancos que han constituido las cajas de ahorros como fruto del proceso de reordenación al que se están viendo sometidas.
Recordemos un poco cómo se ha producido éste. Básicamente, las cajas han aportado su actividad bancaria, activos y pasivos, a las nuevas entidades, que les han entregado a cambio acciones. De este modo, las cajas han dejado de ser entidades de crédito para pasar a ser accionistas de una nueva entidad de crédito.
Los nuevos bancos resultantes presentan unos recursos propios insuficientes para cumplir con la nueva legislación que impulsó el Gobierno. La nueva normativa no era propiamente un aumento de los recursos propios, sino de una parte de ellos: la conocida como capital principal. Éste viene más o menos a coincidir con lo que las normas contables denominan patrimonio neto: la parte de la financiación de una entidad que no hay obligación de remunerar ni de devolver y que en caso de liquidación de la entidad recibe lo que queda tras pagar a todos los acreedores.
Los recursos propios estarían compuestos por ese capital principal y algunos acreedores que no están cubiertos por los mecanismos de garantía de depósitos y cobran en caso de liquidación después de que lo haya hecho el resto.
Si las cajas aportantes de sus actividades a los bancos hubieran tenido una diferencia entre sus activos (deudores) y pasivos (acreedores) suficientemente alta, las entidades resultantes habrían nacido sin problemas de cumplimiento normativo.
Pero es que si dichas diferencias hubieran sido suficientemente altas como para cumplir con la nueva regulación, las cajas no habrían cedido su actividad a los nuevos bancos y habrían continuado de manera independiente del mercado, pero no del poder político. Los nuevos bancos se han creado para poder hacer ampliaciones de capital, de modo que nuevos inversores aporten patrimonio neto, es decir, activos, sin generar deuda a la nueva entidad. La dificultad ahora es colocar los nuevos títulos.
Algunos escollos no lo son tanto si el mercado funciona libremente: las cajas han aportado un patrimonio, los inversores otro, y en función de los importes contribuidos se reparten las acciones y, por tanto, el poder de gestión de la nueva entidad.
Colocación de títulos
Los problemas pueden venir de la valoración de los activos aportados por las cajas: créditos fundamentalmente. Lo aportado por los inversores será liquidez, algo fácilmente valorable pero muy escaso estos días.
Tan escaso que tiene mucho valor y hace que desmerezca la aportación de las cajas, por lo que se transferirá mucho poder de gestión a dichos inversores, pero no tanto como para que los actuales gestores de las cajas pierdan el control de los nuevos bancos. Porque si algo caracteriza a la reestructuración del sistema que estamos llevando a cabo en España es que las tortillas se están haciendo con los huevos intactos.
Otra posibilidad que intentarán explotar las cajas es su capacidad de colocación de títulos a través de la red de sucursales como modo de evitar precisamente eso: la transferencia del poder de gestión. Su capacidad de colocación de títulos a precios -o, lo que es lo mismo, rentabilidades- que no se compadecen con el riesgo asumido por los suscriptores ha podido verse en los años previos a la crisis con las colocaciones de participaciones preferentes, títulos hipotecarios, deuda subordinada sin que ninguna autoridad haya dicho nada.
Nada porque para sostener la errónea política monetaria del BCE era necesaria la refinanciación de las titulizaciones y los recursos propios, que no patrimonio neto, que eran las obligaciones subordinadas y las participaciones preferentes. Esperemos que no ocurra ahora algo parecido para que puedan cumplirse los planes públicos de capitalización de los bancos.
Sin liquidez
Sin embargo, el problema fundamental es que no hay liquidez en los mercados. Salvo que el BCE vuelva a echar gasolina al fuego. No hay que descartar ningún incendio. Así, por la liquidez que hay compiten muchos emisores.
El primero, el sector público, que tiene que refinanciar vencimientos de deuda pública y el déficit. El segundo, otra vez el sector público, que tiene que colocar las privatizaciones anunciadas, y las que habrá, en su proceso de reducción o downsizing en anglopedante. El tercero, las entidades financieras, que tienen importantes vencimientos en los mercados derivados de los tiempos de la titulización y las emisiones masivas. El cuarto, muchos demandantes para tan escasos recursos sobre una población que también tiene que desapalancarse. Habrá que ir, de nuevo, al exterior, y éste, últimamente, como dice el castizo, no hace más que darnos... por donde amargan los pepinos.
Rubén Manso Olivar. Mansolivar & IAX. Inspector de entidades de crédito (excedente del Banco de España). Profesor Universidad de Alcalá.
