Tal y como informa hoy elEconomista, el Gobierno de Castilla-La Mancha pidió a algunos de sus proveedores que no enviasen sus facturas hasta después de las elecciones.
E incluso solicitó a unos pocos que sólo se anotasen un euro para 2010, y el resto para el año siguiente. El déficit de la región que presidía Barreda ya se encontraba, sólo en el primer trimestre de 2011, en un 1,74 por ciento de su PIB, lo que sobrepasaba con mucho el 1,3 permitido por el Ejecutivo central para todo el año.
Algunas de estas prácticas podrían no representar simple morosidad y entrar en el capítulo de obligaciones no reconocidas, justo lo que agrandaría aún más el déficit. Algo que complicaría su tesorería, máxime cuando el gobierno autonómico no podrá endeudarse al haber superado el límite de déficit.
Sin embargo, es importante poner esta cifra en su contexto: dado el tamaño de esta autonomía, en ningún momento supondría una amenaza para las finanzas del país. El problema es que ambos partidos han tomado las cuentas autonómicas como un arma electoral. Una pugna que transmite la imagen nefasta del todo vale en el preciso momento en que los inversores aplican la lupa. Los recortes representan una necesidad porque se han creado una estructuras territoriales insostenibles en el actual escenario de estancamiento.
Pero antes sería bueno abordar las cuentas con la mayor transparencia posible. Se podrían hacer auditorías en todas las CCAA y que un órgano independiente del Estado arbitrase entre los distintos informes. La cuestión del déficit oculto está sobre la mesa. No lo convirtamos en un terreno pantanoso innecesariamente.
