El primer trimestre o cuatrimestre del año no son significativos en términos globales para calibrar el déficit, pues los gastos se materializan -contable y financieramente- sobre todo a finales de año, y los ingresos logran un impulso estacional en el segundo y cuarto trimestres por la campaña tributaria.
Pero sí permiten intuir ciertas tendencias y la dificultad de las Administraciones Públicas para cumplir sus compromisos de ajuste o rigor.
Así, la administración central logra contener la tendencia negativa del déficit gracias a la combinación de reducción de gastos -sobre todo transferencias corrientes y gastos de inversión y capital, pero no en los gastos de personal pese a las rebajas aplicadas- y aumentos de ingresos.
De éstos, los impositivos -que son el 92 por ciento del total- suben por IRPF (la no deflactación de tarifas, bases y desgravaciones equivale a un aumento del impuesto) e IVA (subida de tipos y precios sobre los que se aplica); si bien Sociedades refleja la pobre situación de nuestra actividad.
Sin embargo, las autonomías mantienen sus excesos y desviaciones, con un déficit de 5.000 millones y el 0,46 por ciento del PIB en el primer trimestre del año, más que doblando las cifras del Estado (0,22 por ciento del PIB hasta abril), y con una tendencia perversa de gasto (5,4 por ciento más) e ingresos (2 por ciento menos) respecto al mismo período anterior.
Pero lo peor es contemplar a un Gobierno complaciente con la situación, diciendo que el déficit de las autonomías es acorde con las previsiones; que no habrá nuevos recortes ni medidas; que no es la primera vez que el déficit supera lo autorizado o manejando el discurso turbio de los "planes de reequilibrio", tal vez pensados para que algunos puedan incumplir sus compromisos.
No sé cuánto aguantaremos con tanta excepcionalidad acomodada y logrera, ni si los cambios electorales producirán regeneración y transparencia.
Fernando Méndez Ibisate. Profesor de Economía de la UCM.
