El cambio de poder en numerosas comunidades autónomas y municipios tras las elecciones del 22 de mayo seguramente hará que los nuevos gobiernos afloren numerosos desequilibrios presupuestarios y de deuda en las cuentas públicas de los gobiernos salientes, tal como ya ocurrió el pasado otoño con el nuevo gobierno de CiU en la Generalidad de Cataluña.
Estos afloramientos aumentarán las dudas de los mercados internacionales sobre la situación del sector público español, lo que, unido a la debilidad del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero tras la derrota en las elecciones, creará seguramente un panorama preocupante y muy inestable en los próximos meses.
Uno de los orígenes de esta situación se encuentra en la excesiva independencia de los gobiernos regionales y locales en determinados aspectos -principalmente, en su capacidad de gastar- junto a una falta de autonomía en otros aspectos, como la capacidad de recaudar.
Desde hace un tiempo se viene produciendo un pulso entre el Gobierno central y los regionales y municipales en torno al control del déficit de las administraciones públicas que refleja esa falta de autonomía respecto a la recaudación. Las autonomías y algunas grandes ciudades se quejan de que algunas medidas del Ministerio de Economía -como las limitaciones impuestas a su capacidad de endeudamiento o el retraso en el pago del Fondo de Competitividad- están poniendo en cuestión su grado de autonomía.
El concepto de autonomía o independencia, presente en la propia denominación de las comunidades autónomas, conlleva siempre unos derechos, pero también unas obligaciones que muchas veces el que solicita esa autonomía o independencia suele olvidar.
Existen muchos ejemplos en España en este sentido. Uno es el de aquellos jóvenes que desean independizarse de sus padres pero sin renunciar a determinadas comodidades como vivir en un piso más grande o no tener que realizar ellos mismos las tareas del hogar.
Obtener ventajas evitando obligaciones
Otro ejemplo es el de las universidades públicas que, pese a demandar la denominada autonomía universitaria, no están dispuestas a asumir las consecuencias de dicha autonomía, como tener que competir por lograr más proyectos de investigación o atraer a los mejores alumnos y, si no los consiguen, reducir sus gastos o el número de profesores.
Las universidades públicas en España prefieren que el Estado les asegure una existencia tranquila, sin la obligación de mejorar sus resultados y su eficiencia, lo que lleva a que pierdan autonomía real y a que el Ministerio de Educación controle cada vez con mayor fuerza diferentes aspectos de su funcionamiento, como la contratación de profesores o la elaboración de nuevos planes de estudio.
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos muestran el mismo esquema mental que las universidades o los jóvenes españoles. Quieren obtener ventajas evitando las obligaciones, en su caso: obtener competencias en gastos, pero dejando que el Estado recaude los impuestos y posteriormente se los ceda. Así quedan como el bueno de la película, el que ofrece bienes y servicios públicos como sanidad, educación o cultura, sin ser el que cobra los impuestos.
Es un equilibrio inestable que no puede perdurar mucho tiempo, porque incentiva inevitablemente el aumento del gasto sin control, hasta que el que tiene el dinero, el Estado central, corta el grifo presionado por los mercados internacionales.
Es lo que está sucediendo en la actualidad: el dinero lo tiene el Gobierno central, y los ejecutivos autónomos y locales sólo tienen el recurso de pedirlo. Los municipios no han tenido mucho éxito en conseguir fuentes de financiación adicionales, aunque tampoco parece que se hayan decidido a aumentar sus propios impuestos, por lo menos hasta el día de las elecciones.
Las autonomías tampoco han obtenido mucho del Gobierno central, toda vez que CiU no tiene suficiente presión política porque el gobierno sólo necesita al PNV y a Coalición Canaria para aprobar los Presupuestos Generales de 2012.
¿Soluciones?
¿Soluciones? Artur Mas pretende solicitar a medio plazo un cambio de sistema de financiación para Cataluña y establecer un concierto económico como el que tienen Navarra y el País Vasco.
Parece muy difícil que se consiga de forma unilateral, ya que los socialistas catalanes, en principio, no lo apoyan. Pero no es tan descabellado pensar en implantar este sistema en todas las autonomías. Lograría acabar con un sistema de financiación privilegiada, no por la vía de quitárselo a los navarros y vascos que ya lo disfrutan (muy difícil de hacer, porque ese derecho aparece en la Constitución), sino de otorgárselo a todas las regiones.
Un sistema de cupo no tiene por qué ser más o menos privilegiado que el que tienen el resto de autonomías. La única diferencia es que, con el cupo, las regiones ingresan y posteriormente dan parte de esos ingresos al Estado Central para pagar los servicios que reciben de éste, mientras que en el otro mecanismo el Estado Central ingresa y transfiere recursos a las autonomías.
El privilegio está en la forma de negociar el cupo, que otorga más dinero a vascos y navarros del que les correspondería. Pero si el sistema se generalizara a todas las regiones españolas, este desequilibrio se controlaría mucho mejor. Por eso Artur Mas pide un cupo sólo para Cataluña, algo realmente complejo porque no se puede extender el privilegio del que gozan dos regiones pequeñas a una tan grande e importante en renta y población como Cataluña.
Unido al fin de los privilegios, un sistema de cupo extendido a toda España junto a un sistema equivalente para los ayuntamientos mejoraría el comportamiento de los gobiernos regionales y locales, les daría más "entereza y firmeza de carácter", una de las definiciones de independencia de la Real Academia Española.
La asunción de obligaciones y responsabilidades asociadas a una mayor autonomía e independencia mejora el carácter del que la obtiene, y esto es válido tanto para los jóvenes que realmente se independicen (en muchos casos, yéndose fuera de España), para las universidades públicas (aquí soy más pesimista), o para los gobiernos regionales y locales, que de una vez por todas deben asumir la responsabilidad de su actuación pública, subiendo los impuestos a sus ciudadanos si quieren gastar más, y dejando de utilizar la excusa del ataque al Gobierno central, propia de jóvenes inmaduros.
Luis Pires. Profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
