Al Gobierno no le va a quedar más remedio que abordar nuevos ajustes para intentar cumplir in extremis la meta de déficit para 2011, del 6 por ciento.
Un objetivo inapelable e innegociable: ni Bruselas ni los mercados perdonarán una desviación, pero ésta cada día es más factible. Máxime con las previsiones desmoronándose: nadie da un duro por el 1,3 por ciento de crecimiento del cuadro oficial, y hasta el Ejecutivo baraja en un análisis enviado a Bruselas un 0,8 por ciento, que implicaría rebasar el tope de déficit. La tercera ola de recortes se acerca.
Se espera light, pero porque se agotan las partidas de las que un Ejecutivo está dispuesto a reducir. Sobre todo si tras el 22-M se quiere salvar la cara en marzo de 2012, de no ser antes las generales, y legar su aplicación al que venga. Por eso, el Gobierno socialista esquiva el recurso de emergencia de subir otro punto de IVA, lo que alimentaría la inflación y la contestación social.
Pero no tiene reparos en preparar ajustes con los que tenga que bregar el PP, como la reducción de competencias y dotación a las Diputaciones -a tenor de las encuestas, muchas pasarán al PP- o la supresión del complemento específico de la paga extra a los funcionarios.
Busca formas de comprometer al PP ante muchos de sus votantes, y de pasarle una patata caliente, la de la aplicación del último coletazo de unas medidas que Zapatero demoró hasta verse contra las cuerdas hace un año.
Pero mientras se articula tan maléfico legado, deudor de una defectuosa gestión de la crisis, se juega con la posición de España en la UE y en los mercados en el peor de los momentos. Y Bruselas no espera por nuestro calendario electoral.
