El Tribunal de Cuentas denuncia en un informe que los ayuntamientos se han prodigado en la creación de empresas públicas para eludir todo tipo de controles.
En opinión del órgano fiscalizador del Estado, la fundación de este tipo de entidades no responde a necesidades de eficiencia, sino que más bien se articulan con el fin de escapar controles en las más diversas materias, como en la ejecución de las inversiones, la prestación de los servicios y, por supuesto, la legislación de urbanismo, la selección de personal y su remuneración.
Además, la mitad de los municipios no ha enviado todas sus cuentas al Tribunal. Estos hechos subrayan la necesidad de reforzar la supervisión e inspección de las alcadías, porque parece demasiado claro que hay mucho espacio para una más que peligrosa discrecionalidad.
